Golpe de Estado en España de 1981 , la enciclopedia libre

Golpe de Estado de 1981
El teniente coronel Antonio Tejero irrumpiendo pistola en mano en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.
Contexto del acontecimiento
Fecha	23 de febrero de 1981
Sitio	España
Impulsores	Véase Condenados
Gobierno previo
Gobernante	Adolfo Suárez
Forma de gobierno	Monarquía parlamentaria
Gobierno resultante
Gobernante	Adolfo Suárez[nota 1]​
Forma de gobierno	Monarquía parlamentaria
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El golpe de Estado de 1981, también conocido por el numerónimo 23F,^{[nota 2]}​ fue un intento fallido de golpe de Estado perpetrado el lunes 23 de febrero de 1981 por algunos mandos militares en España. Los hechos principales sucedieron en las ciudades de Valencia y Madrid.

En Madrid, a las 18:23 horas, un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Palacio de las Cortes durante la votación para la investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, hasta entonces vicepresidente segundo del Gobierno y diputado de la Unión de Centro Democrático (UCD). Los diputados y el Gobierno de España al completo fueron secuestrados en su interior.

La ciudad de Valencia fue ocupada militarmente, en virtud del estado de excepción proclamado por el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III región militar. Dos mil hombres y cincuenta carros de combate fueron desplegados en las calles de la ciudad.

A las 21 horas de ese mismo día, el diario El País puso en la calle una edición especial posicionándose contra el golpe con el titular en primera plana: «El País, con la Constitución».^[1]​ A la una de la madrugada del 24 de febrero, el rey Juan Carlos I, vestido con uniforme de capitán general de los Ejércitos, se dirigió a la nación por televisión para situarse en contra de los golpistas y defender la Constitución española. Poco después, Milans dio la orden de regresar a sus unidades a los contingentes militares que ocupaban Valencia. El secuestro del Congreso terminó a mediodía del día 24.

El Tribunal Supremo, en casación, condenó a 30 años de cárcel a Milans, Tejero y Alfonso Armada como principales responsables del golpe de Estado. En total fueron condenados doce miembros de las Fuerzas Armadas, diecisiete miembros de la Guardia Civil y un civil. Menos Tejero, todos ellos salieron de la prisión antes del año 1990 (el general Armada gracias a un indulto).

Como ha destacado Juan Francisco Fuentes, «el estrepitoso fracaso del golpe trajo consigo la consolidación de una democracia tambaleante y la derrota definitiva del golpismo, del que puede decirse que ya nunca levantó cabeza».^[2]​ «El 23-F fue el resultado de una tradición militarista que murió con él», añade Fuentes.^[3]​

El Ejército en la dictadura franquista constituyó uno de los tres pilares del régimen junto con la Iglesia católica y el partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS (o Movimiento Nacional);^[4]​ incluso se podría considerar el más importante. Así lo constató Francisco Franco Salgado-Araujo, primo y secretario militar del caudillo, en el apunte de su diario (publicado nada más morir Franco) correspondiente al 28 de octubre de 1955: «Se habla demasiado del Movimiento, de sindicatos, etc., pero la realidad es que todo el tinglado que está armado sólo se sostiene por Franco y el Ejército».^[5]​ Algunos autores han llegado a considerar la existencia de la «familia militar», dentro de las «familias del franquismo» (falangistas, católicos, monárquicos —carlistas y juanistas—…). Sería la menos definida ideológicamente y a su vez tendría componentes cercanos a todas las demás.^{[nota 3]}​ Sin embargo, Roberto Muñoz Bolaños considera que los militares no fueron una de las «familias del franquismo», sino que conformaron «un poder autónomo superior a cualquiera de esos grupos políticos, ya que habían sido el poder constituyente y eran el principal garante del franquismo», tal como quedó establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado: «Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional».^[6]​

El régimen franquista respondió a los postulados del militarismo (y del pretorianismo) desarrollados en España desde principios del siglo XX. El exministro y militar Jorge Vigón en Teoría del militarismo (1955) sostuvo que entre los «deberes del Ejército» se encontraba el de ser «vigilante defensor de los valores y constantes históricas de su nación». Pocos años antes ya había afirmado que «el Ejército tiene una "función política" que cumplir».^[7]​ En el tardofranquismo la concepción militarista permanecía inalterada. Con motivo de las movilizaciones de protesta dentro y fuera de España por el «proceso de Burgos» el capitán general de Cataluña Alfonso Pérez Viñeta manifestó en diciembre de 1970 que «el Ejército está dispuesto a no permitir jamás la vuelta de la horda que ya puso en peligro la existencia de la Patria», y que «si fuera preciso se llamaría otra vez a Cruzada para barrer nuevamente de nuestra Patria a los hombres sin Dios y sin Ley».^[8]​ A mediados de 1975 el teniente general Francisco Coloma Gallegos (exministro del Ejército), en un acto público con miembros de la Organización Sindical franquista dijo: «El Ejército está unido a ese otro ejército que formáis vosotros los sindicalistas, dispuestos a mantener el desarrollo conseguido por España. Y en este objetivo encontrará siempre la ayuda y la colaboración del Ejército, al mismo tiempo que nuestra repulsa para el que no sepa estar dentro de los límites del orden, la paz y que no sepa valorar las grandes metas conseguidas por el Caudillo».^[9]​

Que el Ejército era el último garante del régimen («el guardián del franquismo»)^[10]​ lo reconoció el propio Franco en diversas ocasiones. El 29 de octubre de 1970 en un discurso pronunciado ante el Consejo Nacional del Movimiento en conmemoración del mitin del Teatro de la Comedia de 1933 (acto fundacional de Falange Española) el Generalísimo dijo que el Ejército era el «custodio celoso de la conciencia nacional» y que por eso el 18 de julio de 1936 «se levantó en defensa de una civilización cristiana y de unas tradiciones».^[11]​ Cuando en febrero de 1971 el general Vernon A. Walters, segundo jefe de la CIA, le preguntó en una audiencia privada sobre qué sucedería tras su muerte el Caudillo le respondió que «el Ejército nunca permitiría que las cosas se escaparan de las manos».^[12]​ El 28 de agosto de 1974, cuando se encontraba pasando unos días de descanso en el Pazo de Meirás tras haber salido del hospital (en aquel momento el jefe del Estado interino era el príncipe de España don Juan Carlos) le dijo al ministro «ultra» José Utrera Molina, quien le había hablado de unos supuestos planes para incapacitarlo, por lo que era urgente que recuperara sus poderes: «No olvide que, en último término, el Ejército defenderá su victoria».^[12]​

Sin embargo, Juan Francisco Fuentes ha matizado el militarismo bajo el régimen franquista y las consecuencias que tuvo durante la transición. Según este historiador, para asegurar su poder omnímodo «el dictador hizo mucho por extirpar del Ejército sus querencias intervencionistas. Fue, podría decirse, el padre castrador de una institución que bajo su caudillaje perdió algunos de sus viejos hábitos y desarrolló una adhesión ciega al poder establecido. Esa actitud continuó después por pura inercia y por lealtad al rey, su nuevo jefe supremo… Ayudó también la reforma impulsada por el general Manuel Díez-Alegría en los años sesenta para despolitizar las Fuerzas Armadas y prepararlas para un futuro sin Franco. Su continuador en la década siguiente será el general Manuel Gutiérrez Mellado, miembro destacado del círculo de militares reformistas que tuvo en Díez-Alegría a su principal mentor».^[13]​

Pero el mismo Juan Francisco Fuentes constata que en los años finales de la dictadura, especialmente tras el asesinato de Carrero Blanco en diciembre de 1973, «el Ejército estaba dejando de ser un bloque monolítico y la forma de combatir el terrorismo o la necesidad de introducir algunas reformas podían provocar graves discrepancias». No deja de ser sintomático que los sectores «ultras» lanzaran el grito de «¡Ejército al poder!». En las Fuerzas Armadas las posiciones «reformistas» eran minoritarias (como lo demostraría la destitución en junio de 1974 del teniente general Manuel Díez-Alegría como jefe del Alto Estado Mayor, después de haber conseguido parar la «noche de los cuchillos largos» que pretendieron llevar a cabo los militares más radicales como reacción al asesinato de Carrero Blanco). Predominaba, en cambio, «un sentido inmovilista de su misión institucional, en consonancia con las tesis defendidas por una prensa ultraderechista [Fuerza Nueva, El Alcázar] que gozaba de gran predicamento en los cuarteles».^[14]​

Como ha destacado Juan Francisco Fuentes, «muerto Franco, la lealtad al rey, el acatamiento, aunque fuera a regañadientes, del poder constituido y la ruptura de la tradición golpista hicieron más llevadera la difícil convivencia con una democracia en construcción. Pero en un contexto de aguda crisis social, económica y territorial y de brutal ofensiva terrorista, dirigida precisamente contra el Ejército y las fuerzas del orden, la eficacia de aquellos factores paliativos tenía que ser limitada. Todo ello explica la existencia de un malestar estructural en las Fuerzas Armadas, que en el lenguaje de la época se acabó conociendo como "ruido de sables" y que los más extremistas quisieron convertir en argumento para una acción de fuerza».^[13]​ A esto habría que añadir la presión que ejercieron sobre los militares los sectores políticos y sociales asociados con el régimen franquista que se oponían radicalmente a la «reforma política».^[15]​

Charles Powell, por su parte, sostiene que «a pesar de su indudable influencia, los militares no ocupaban el poder bajo el régimen de Franco, y por tanto la tarea de los reformistas civiles no consistió en desplazarles de él, sino en garantizar en la medida de lo posible su aceptación de los cambios en curso, o al menos su no intervención en el proceso. Esto explica en no poca medida el interés de los reformistas por respetar en todo momento la legalidad vigente, precaución que privó a las Fuerzas Armadas del único pretexto legal que podían haber aducido para frenar el proceso democratizador a la fuerza». Además los reformistas actuaron «en todo momento en nombre del monarca, a quien los militares siempre percibieron como el comandante de las Fuerzas Armadas y el sucesor nombrado por Franco, lo que facilitó notablemente la transmisión de lealtades de un régimen a otro». Powell también destaca que, «aun aceptando que la mayoría vio con recelo el proceso democratizador, las Fuerzas Armadas carecieron de un proyecto posfranquista propio, de líderes capaces de articularlo, y del mínimo apoyo social imprescindible para implementarlo».^[16]​

El obstáculo que más preocupaba al gobierno de Adolfo Suárez (nombrado en julio de 1976 por el rey Juan Carlos I)^[17]​ para sacar adelante la «reforma política» que diera paso a un régimen democrático, no era lo que pudiera decir la oposición democrática, sino las Fuerzas Armadas, pues Suárez era consciente de que estas se consideraban el garante último del «legado de Franco».^[18]​^[19]​ De hecho uno de los militares que se mostraba más crítico se encontraba dentro del propio gobierno: era el vicepresidente para Asuntos de la Defensa, el general Fernando de Santiago. Su oficina emitió un documento clasificado como de máximo secreto el 2 de septiembre, seis días antes de la reunión que iba a mantener el presidente Suárez con la cúpula militar —según Roberto Muñoz Bolaños, había sido elaborado por el exministro franquista Gonzalo Fernández de la Mora—^[20]​. En el documento se decía que «parece conveniente no desaprovechar la ocasión para exponer el límite tolerable de la reforma política según el sentir de las Fuerzas Armadas y evitar verse en la necesidad del protagonismo político que supondría la aplicación del artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado.^{[nota 4]}​ [...] Parece aconsejable por tanto que algún Capitán General formule algunas preguntas que obliguen al Presidente a exponer con concreción la política a seguir por el Gobierno y que al mismo tiempo se haga saber el sentir al respecto de las Fuerzas Armadas».^[21]​ En el documento se sugería que se formulara la siguiente pregunta:^[22]​^[23]​

Existe la inquietud de que con la política de diálogo y tolerancia con la oposición se está propiciando un cambio de Régimen hacia un sistema parlamentario que pueda arrastrar a la Corona ¿qué medidas va a tomar el Gobierno para evitarlo sin recurrir al artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado? ¿Es verdad que aunque se ha negado formalmente la entrada en España de Santiago Carrillo, se le tolera y de hecho está teniendo lugar?

El 8 de septiembre se produjo la reunión prevista de Adolfo Suárez con la cúpula militar para convencer a los altos mandos de la necesidad de la reforma —asistieron veintinueve generales y almirantes—.^[24]​ En esa reunión se habló de los límites que nunca se traspasarían: no se cuestionaría ni la monarquía ni la «unidad de España»; no se exigirían responsabilidades por lo acontecido durante la dictadura franquista; no se formaría ningún gobierno provisional que abriera un proceso constituyente; no se legalizarían los partidos «revolucionarios» —en este punto los militares incluían al Partido Comunista de España, su «bestia negra» desde la guerra civil—. En fin, que el proceso que conduciría a las elecciones siempre estaría bajo el control del gobierno. Una vez clarificados los límites, los recelos del Ejército quedaron aparentemente disipados y Suárez obtuvo el visto bueno para el proceso que iba a emprender.^[25]​^[26]​ Cuando concluyó el acto el capitán general de Burgos, Mateo Prada Canillas, le dijo a Suárez: «Presidente, ¡viva la madre que te parió!».^[24]​^[27]​ Sin embargo, el general Alfonso Armada, entonces secretario de la Casa Real, le transmitió al rey una versión menos triunfalista.^[28]​

La primera crisis con los militares^[29]​ no tardó mucho tiempo en producirse. El general De Santiago se manifestó contrario al desmantelamiento de la Organización Sindical franquista que se estaba planeando y sobre todo a los contactos que estaba manteniendo el gobierno con el sindicato clandestino Comisiones Obreras —y también con la ilegal UGT—, por lo que fue cesado de su cargo de vicepresidente del Gobierno y retirado del servicio activo.^[30]​^[31]​^[32]​^[33]​ «La ruptura se produjo en una entrevista muy poco amistosa en la que Suárez y De Santiago pudieron comprobar el abismo político que los separaba. La conversación alcanzó su momento de máxima tensión cuando el general le recordó que España era un país propenso a los golpes militares y Suárez, que no era hombre que se dejara intimidar fácilmente, le contestó con una advertencia apenas velada: "Te recuerdo, Fernando, que en España sigue vigente la pena de muerte"».^[34]​ Fue sustituido por el general Manuel Gutiérrez Mellado, un militar «reformista» del círculo del general Manuel Díez-Alegría,^[30]​^[31]​ y a quien Suárez ya le había ofrecido la cartera de Gobernación cuando formó su gobierno, pero Gutiérrez Mellado la rechazó.^[35]​ Su nombramiento no fue bien acogido por los otros ministros militares porque Gutiérrez Mellado tenía menos antigüedad que ellos (acababa de ser ascendido a teniente general). El ministro de Marina, el almirante Gabriel Pita da Veiga (militar que había estado muy unido a Franco), fue el más decepcionado, pues pensaba que el cargo de vicepresidente para Asuntos de la Defensa tendría que haberlo ocupado él. Los tres ministros militares se plantearon dimitir, pero fueron disuadidos por el rey.^[36]​^[37]​

El mismo día 22 de septiembre de su «cese amistoso y pactado» —esa fue la versión oficial—, De Santiago envió una carta privada a los tenientes generales y almirantes que pronto se hizo pública en la que denunciaba la intención del Gobierno de legalizar a «las centrales sindicales CNT, UGT y FAI, responsables de los desmanes cometidos en la zona roja, y de las CC. OO., organización del Partido Comunista», a lo que añadía: «la compresión tiene el límite de las interpretaciones equívocas que algunos pudieran atribuirle». Su «cese-dimisión» fue aplaudido por la extrema derecha y el día 23 Antonio Izquierdo, director del ultraderechista El Alcázar, invitaba a los miembros de las Fuerzas Armadas a seguir el ejemplo de De Santiago en un artículo publicado en primera página con el título «Solo un hombre». Cuatro días después el mismo diario publicaba una carta del teniente general Carlos Iniesta Cano, procurador en Cortes y exdirector de la Guardia Civil, en la que se solidarizaba con De Santiago al que expresaba su «personal admiración». Llevaba por título «Una lección de honradez y patriotismo». El Gobierno reaccionó enviándolo también a la reserva.^[22]​^[30]​^[31]​^[36]​^[38]​^[33]​ Simultáneamente la extrema derecha civil y militar lanzaba una campaña contra el «señor Gutiérrez», en referencia al general Gutiérrez Mellado al que le negaban su pertenencia al estamento militar.^[39]​ Sin embargo, los dos tenientes generales ganaron el recurso que presentaron contra la decisión del Gobierno de pasarlos a la reserva —alegaron que no habían sido escuchados tal como determinaba la ley— por lo que siguieron en el servicio activo y a partir de ese momento ambos fueron jaleados por la prensa de extrema derecha.^[40]​

En la votación de las Cortes franquistas del 18 de noviembre de 1976 que aprobó por abrumadora mayoría la Ley para la Reforma Política, entre los 59 procuradores que votaron en contra había siete tenientes generales y dos generales. De los siete tenientes generales, tres habían sido ministros con Franco (Antonio Barroso y Sánchez Guerra, Juan Castañón de Mena y Julio Salvador y Díaz-Benjumea), dos capitanes generales (Alfredo Galera Paniagua y Alfonso Pérez Viñeta), uno director general de la Guardia Civil (Carlos Iniesta Cano) y el último director general del Tesoro (Álvaro de Lacalle Leloup). Todos ellos nombrados directamente por el Caudillo.^[41]​ Por el contrario, el ministro de Marina Gabriel Pita da Veiga votó a favor. «Mi conciencia está tranquila porque la reforma democrática se hará desde la legalidad franquista», afirmó.^[42]​

Imagen externa
Portada del 10 de abril de 1977 de Mundo Obrero, órgano oficial y clandestino del Partido Comunista de España, dando la noticia de su legalización el día anterior (el «Sábado Santo Rojo»). Aparecen también las fotografías de sus dos principales líderes, Dolores Ibárruri, Pasionaria, y Santiago Carrillo.
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El 9 de abril de 1977, aprovechando que medio país estaba de vacaciones de Semana Santa, el presidente Suárez tomó la decisión más arriesgada de toda la transición: legalizar al Partido Comunista de España (PCE).^[43]​^[44]​ Ese día, Sábado Santo, los comunistas salieron a la calle con sus banderas rojas para celebrar que después de treinta y ocho años volvían a ser un partido legal en España. Las reacciones negativas se produjeron a partir del día siguiente, a pesar de que era Domingo de Resurrección,^[45]​ y la más grave fue la de las Fuerzas Armadas. El ministro de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga, dimitió el lunes 11 de abril y el gobierno tuvo que recurrir a Pascual Pery Junquera, un almirante de la reserva y amigo de Gutiérrez Mellado, para cubrir su puesto, ya que ninguno en activo quiso sustituirle (su toma de posesión tuvo lugar el viernes 15 de abril). El Consejo Superior del Ejército de Tierra, que se reunió con carácter de urgencia el martes 12, expresó «disciplinariamente» su acatamiento «en consideración a los intereses nacionales de orden superior», aunque no se abstuvo de expresar «la profunda y unánime repulsa del Ejército ante dicha legalización y acto administrativo llevado a efectos unilateralmente» (en la reunión uno de los militares más beligerantes fue el general Jaime Milans del Bosch que dijo: «El presidente del Gobierno dio su palabra de honor de no legalizar el partido comunista. España no puede tener un presidente sin honor: deberíamos sacar los tanques a la calle»).^[46]​ Algunos otros altos mandos militares manifestaron su opinión de que Suárez les había «mentido» en la reunión que habían tenido con él el 8 de septiembre del año anterior y que les había «traicionado».^[47]​^[48]​^[49]​^[50]​^[33]​

El ministro del Ejército, teniente general Félix Álvarez-Arenas Pacheco, declaró que se le había mantenido «sin información y marginado»^{[nota 5]}​ y envió una nota a todos los oficiales y suboficiales del Ejército en la que se hacía eco de la «profunda y unánime repulsa» del Ejército por la legalización del PCE, «hecho consumado que admite disciplinariamente». Ese mismo jueves, 14 de abril, el Gabinete de Prensa del Ministerio del Ejército hacía pública una nota en la que se daba cuenta de los acuerdos tomados en la reunión del Consejo Superior del Ejército. En ella se decía que «la legalización del PC ha producido una repulsa general en todos las unidades el Ejército. No obstante, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el hecho consumado». Y a continuación se decía: «El Consejo estima debe informarse al Gobierno de que el Ejército, unánimemente unido, considera obligación indeclinable defender la unidad de la Patria, su Bandera, la integridad de las instituciones monárquicas y el buen nombre de las Fuerzas Armadas».^[51]​ Al día siguiente, viernes 15 de abril, todos los periódicos publicaban la nota, pero el diario ultraderechista El Alcázar, que la insertaba en primera página con el titular «La declaración del Consejo Superior del Ejército. Advertencia al Gobierno», le había añadido dos párrafos, que constituían, según el diario, la «versión oficiosa» de lo acordado por el Consejo Superior del Ejército. Los dos párrafos añadidos decían:^[52]​

El Ejército manifiesta su disgusto ante el deterioro de la figura del Rey por culpa del gobierno. Considera inadmisible que por un error administrativo no se informe al ministro del Ejército con tiempo suficiente una decisión trascendental del gobierno del que forma parte.
Y, por último, el Ejército está dispuesto a resolver los problemas por otros medios si fuera necesario.

Al día siguiente, sábado 16 de abril, la nota publicada por El Alcázar era desautorizada por el ministerio del Ejército (y el propio ministro rectificaba la nota interna con un nuevo contenido conciliador). Cuatro días después eran destituidos los dos militares adscritos a la Sección Militar y Técnica del ministerio responsables de haber difundido la «versión oficiosa». Además el diario El Alcázar fue obligado a rectificar su información por orden del Ministerio de Información y Turismo.^[52]​ Los altos mandos militares enviaron una dura nota de protesta al rey y a Adolfo Suárez, algunos de cuyos párrafos coinciden con la «versión oficiosa» publicada por El Alcázar («Hacer llegar a S. M. el Rey directamente el disgusto del Ejército y que su figura se está deteriorando a consecuencia de la actitud del Gobierno»; «que es inadmisible que por un "error administrativo" se tenga al ministro del Ejército en la ignorancia de una decisión trascendental»; «que se adopten las medidas para que por ningún medio se ataque: LA UNIDAD DE LA PATRIA, LA CORONA Y A LAS FUERZAS ARMADAS, que están dispuestas a defender por todos sus medios»).^[53]​ Tras recibir la nota el rey ordenó al general Alfonso Armada, secretario de la Casa Real, que se informara de lo tratado en el Consejo Superior del Ejército y este tras hablar con los presentes le informó a don Juan Carlos que existía una fuerte desconfianza hacia el Gobierno que también afectaba al monarca.^[54]​ En un documento confidencial elaborado por los servicios de información del Ejército sobre los «estados de opinión» de las unidades militares de la I Región Militar se decía que existía «una total indignación ante la sensación de haber sido engañados» por el presidente del Gobierno.^[55]​

Como ha destacado Santos Juliá, la legalización del PCE se convirtió en un «punto neurálgico de la transición» porque «fue la primera decisión política de importancia tomada en España desde la guerra civil sin contar con la aprobación del ejército y contra su parecer mayoritario».^[47]​ El Partido Comunista como contrapartida tuvo que aceptar la monarquía como forma de gobierno y la bandera rojigualda,^[56]​ y las banderas republicanas desaparecieron de sus mítines.^[57]​ El 13 de mayo aterrizaba en Madrid el avión procedente de Moscú que llevaba a bordo a Dolores Ibárruri, la Pasionaria, que volvía a España después de un exilio de 38 años.^[58]​ Pero tras la legalización del PCE, los militares «nunca volvieron a fiarse de Suárez ni del general Gutiérrez Mellado» y fue a partir de entonces cuando empezó a fraguarse el golpe del 23-F «porque los militares no le perdonaron a Suárez la legalización de los comunistas».^[59]​ Una posición similar es la que sostiene Roberto Muñoz Bolaños («Los militares jamás volvieron a confiar en Suárez… De hecho, las futuras operaciones involucionistas tuvieron su origen en ese momento») pero añade que la decisión de legalizar al PCE «provocó, igualmente, que Suárez se enemistara con la élite política y económica conservadora…».^[60]​

Para intentar paralizar la transición la extrema derecha neofranquista puso sus máximas esperanzas en que los sectores involucionistas del Ejército se embarcasen en un intento de golpe de Estado. Para ello desarrolló una «estrategia de la tensión» que crease (o acrecentase) la percepción social de inseguridad, desorden e inestabilidad que lo justificara. A diferencia de Italia y de algunos países latinoamericanos donde también se había llevado a cabo para intentar derribar a los gobiernos democráticos, la extrema derecha española no tuvo que recurrir a acciones de tipo terrorista, pues ya existían los atentados del GRAPO y, sobre todo, de ETA. Solo tuvo que instrumentalizarlos «presentándolos como expresión de un supuesto vacío de poder». La otra cara de la «estrategia de la tensión» consistió en presionar a un sector de las Fuerzas Armadas a dar un «golpe de timón» (salida blanda) o, preferiblemente, un golpe de Estado (salida dura).^[61]​

En la creación del «ambiente» de inseguridad desempeñaron un importante papel los periódicos ultraderechistas,^[62]​ entre los que destacaron El Alcázar, dirigido desde julio de 1977 por Antonio Izquierdo, muy vinculado al exministro «ultra» y líder de la neofranquista Confederación Nacional de Excombatientes José Antonio Girón de Velasco, quien dijo que El Alcázar era «un periódico que asume la honrosa tarea de simbolizar a las fuerzas nacionales»^[63]​ (en 1980 vendía casi 80 000 ejemplares diarios); y El Imparcial, fundado en diciembre de 1977 y cuyo primer director fue Emilio Romero, siendo sustituido casi un año después por Julio Merino, quien en junio de 1979 abandonó El Imparcial para pasar a fundar y dirigir en abril de 1980 el semanario progolpista Heraldo Español (El Imparcial cerró por dificultades económicas en diciembre de 1979 y durante el tiempo que estuvo en la calle se alineó con la neofranquista Fuerza Nueva y se volcó en elogios hacia su máximo dirigente Blas Piñar, «el único líder no marxista que tiene España»; además apoyó las celebraciones del «20N» y también abrió sus páginas a la Asociación Cultural de Mujeres de Militares, Guardia Civil y Policía Nacional, presidida por la esposa del capitán de navío Camilo Menéndez Vives ―involucrado en el 23-F―, y que reclamaba la restauración de la pena de muerte y la competencia de la jurisdicción militar sobre los actos terroristas, como en el franquismo).^[64]​ Otro medio progolpista era la revista militar Reconquista, cuyo redactor jefe era el comandante Ricardo Pardo Zancada (que participó en el 23-F) y el general Alfonso Armada (uno de los cabecillas del 23-F) formaba parte de su consejo de dirección.^[65]​^[66]​ La táctica utilizada por estos medios de prensa «abundaba en la manipulación informativa mediante el falseamiento, deformación o simple omisión de la información, haciendo uso de “datos” no demostrados para sembrar el desconcierto, o incluso aprovechando hechos verídicos para deformar deliberadamente su contenido real y provocar en los lectores sentimientos antidemocráticos».^[55]​ Estos medios ultraderechistas no son muchos, pero son importantes porque «son casi los únicos que entran en los cuarteles, persuadiendo a los militares de que la situación es todavía peor de lo que es».^[67]​^[68]​

En un informe confidencial de mayo de 1979 dirigido al Gobierno sobre la «estrategia de la tensión» puesta en marcha por la prensa de extrema derecha, concretamente por El Imparcial, y sobre su impacto sobre los militares se decía:^[69]​

El socavamiento que de la disciplina militar se está produciendo desde las columnas, artículos e informaciones de El Imparcial ha de calificarse forzosamente de espectacular y parece que debería frenarse, insisto, por el procedimiento que fuera. No se puede hacer el avestruz e ignorar por más tiempo el daño que este periódico está haciendo al mantenimiento más elemental de la disciplina.

El primer momento en que se puso en evidencia la «estrategia de la tensión» fue la última semana del mes de enero de 1977 —la semana trágica de la transición o los Siete días de enero—.^[43]​ Mes y medio antes se había aprobado en referéndum la Ley para la Reforma Política que abría las puertas a la convocatoria de las primeras elecciones democráticas desde 1936. La primera provocación se produjo el 23 de enero en la Gran Vía de Madrid, cuando un estudiante, Arturo Ruiz, que participaba en una manifestación proamnistía era asesinado por unos matones del grupo de extrema derecha Fuerza Nueva —el capitán general de Madrid en funciones Jaime Milans del Bosch había ordenado el día antes que se alertase a una compañía de Operaciones Especiales por si las fuerzas de orden público se veían desbordadas—^[70]​.^[43]​ Al día siguiente, 24 de enero, en la manifestación de protesta por el crimen murió una de los participantes, María Luz Nájera, a causa de un bote de humo lanzado por la policía antidisturbios,^[43]​^[71]​ y por la noche se produjo el hecho más grave: pistoleros «ultras» irrumpieron en el despacho de unos abogados laboralistas vinculados a «comisiones obreras» y al Partido Comunista, sito en la calle de Atocha de Madrid, y pusieron contra la pared a ocho de ellos y a un conserje, disparando a continuación. Cinco miembros del bufete murieron en el acto y cuatro fueron gravemente heridos.^[72]​^[73]​ Entre los asesinos había dos jóvenes vinculados a Fuerza Nueva.^[71]​ El mismo día de la que sería conocida como la «Matanza de Atocha» los GRAPO, que como la extrema derecha —pero por razones contrarias— también querían detener el proceso de transición política, habían secuestrado por la mañana al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, general Emilio Villaescusa Quilis —mientras todavía mantenían secuestrado a Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado—. El 25 los GRAPO asesinaron a dos policías y un guardia civil.^[47]​^[74]​

En el funeral por los policías asesinados, celebrado el 29 de enero, se produjeron unos graves incidentes durante los cuales fue increpado el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno. Cuando salían los féretros del Hospital Militar Gómez Ulla un grupo de civiles y de militares comenzaron a cantar el himno de Infantería, lo que dio lugar a que Gutiérrez Mellado ordenara: «Todo el que lleve uniforme, firmes, y el que sepa y quiera que rece». Lo que fue contestado inmediatamente por el capitán de navío Camilo Menéndez (implicado más adelante en el 23-F): «Por encima de la disciplina está el honor». A continuación se produjo un forcejeo y se pudieron escuchar varios gritos de «¡Gobierno dimisión!» y «¡Traidores!» (la insubordinación del capitán Menéndez solo sería sancionada por falta leve).^[75]​^[76]​^[77]​ El 11 de febrero serían liberados los dos secuestrados, Villaescusa y Oriol, en una operación de la policía dirigida por un conocido comisario franquista, Roberto Conesa.^[78]​ El entonces ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa reconoció años después: «Yo tengo que decir que el único momento en el que yo vi el proceso político amenazado fue justamente la semana final de enero».^[79]​

Tras los «siete días de enero» el proceso de transición continuó y el 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936. Las ganó Unión de Centro Democrático, encabezada por el presidente Suárez, aunque no consiguió la mayoría absoluta. Las Cortes surgidas de esas elecciones comenzaron a elaborar la nueva Constitución. Entre el 13 y el 16 de septiembre se reunieron en Játiva (o en Jávea, según otras versiones) varios generales convocados por el exvicepresidente del Gobierno, teniente general Fernando de Santiago —que dimitió por su desacuerdo con la «reforma política»—, aprovechando que todos ellos veraneaban por la zona. Según Paul Preston, asistieron dos exministros franquistas del Ejército, tenientes generales Antonio Barroso y Sánchez Guerra y Francisco Coloma Gallegos, y el único de la monarquía, Félix Álvarez-Arenas y Pacheco, y tres generales «ultras»: Carlos Iniesta Cano, Ángel Campano López y Jaime Milans del Bosch.^[80]​ Charles Powell, por su parte, afirma que asistieron «media docena de generales en la reserva de ideología ultraderechista, entre ellos varios ex ministros» (de los que solo da el nombre de Álvarez-Arenas).^[81]​ En lo que sí coinciden Preston y Powell (y también Francisco Alía Miranda)^[33]​ es en que en la reunión se redactó un memorándum que pretendían hacer llegar al rey y al conjunto de las Fuerzas Armadas en el que mostraban su descontento con la evolución política. Según Preston, el documento pedía al rey que pusiera «el espíritu de orden, disciplina y seguridad nacional por encima del mal llamado orden constitucional», y que formara un gobierno de «salvación nacional» presidido por De Santiago, o cuando menos que cesara a Adolfo Suárez y suspendiera el Parlamento durante dos años. El memorándum contenía una amenaza de golpe militar incruento «incluso contra la Corona». Desde el Ministerio de Defensa se negó que tal memorando se hubiera presentado al rey e incluso se puso en duda su existencia.^[82]​ Sin embargo, poco tiempo después Milans del Bosch era sustituido por Antonio Pacual Galmés al frente de la estratégica División Acorazada Brunete (DAC), y como compensación fue nombrado capitán general de la III Región Militar con sede en Valencia —desde donde dirigiría el golpe del «23-F»—. Simultáneamente, Guillermo Quintana Lacaci tomó posesión de Capitanía general de Madrid, de la que dependía la DAC, lo que se demostraría como un gran acierto durante el «23-F».^[83]​

Roberto Muñoz Bolaños considera que la reunión de Játiva no tuvo lugar, pero sí que hubo varias reuniones en Jávea «en el verano de 1977» en las que participaron de forma regular los generales de Artillería Álvaro de Lacalle Leloup, Esquivias Franco y Víctor Castro Sanmartín —«que se caracterizaban por su posición crítica con el proceso de cambio político y tenían una estrecha relación con otro artillero, Alfonso Armada»— y a las que asistieron ocasionalmente Jaime Milans del Bosch y el jefe del Estado Mayor del Ejército, José Miguel Vega Rodríguez.^[84]​

La tramitación por las Cortes de la Ley de Amnistía, que sería aprobada en octubre de 1977, provocó un grave conflicto con los militares cuando se conoció que el proyecto de ley incluía el regreso al Ejército de los miembros de la Unión Militar Democrática. La presión del Ejército fue tan grande que finalmente no se aprobó esa medida.^[85]​^[86]​^[87]​ En el artículo 6 se decía: «Respecto del personal militar al que se le hubiere impuesto, o pudiera imponérsele como consecuencia de causas pendientes, la pena accesoria de separación del servicio o pérdida de empleo, la amnistía determinará la extinción de las penas principales y el reconocimiento, en las condiciones más beneficiosas, de los derechos pasivos que les correspondan en su situación». Según Roberto Muñoz Bolaños, fueron tres las razones por las que en la ley de amnistía no se permitió, como ya había sucedido en la amnistía parcial aprobada en julio de 1976, que los miembros de la UMD que habían sido condenados y expulsados de las Fuerzas Armadas pudieran reingresar: el rechazo generalizado de los militares a tal medida, la palabra dada por Gutiérrez Mellado de que la reincorporación no se produciría y el empeño del Gobierno en mantener la unidad de las Fuerzas Armadas, «evitando cualquier problema que pudiese ponerla en peligro».^[88]​ Charles Powell ha destacado que «ésta fue la única vez que los militares ejercieron con éxito una presión concertada, oponiéndose a una decisión emanada del poder civil; si tuvo el efecto deseado, ello se debió a que afectaba a un asunto que consideraban propio, y a la existencia de un consenso interno casi unánime al respecto».^[89]​

Tres años más tarde, en junio de 1980, todos los grupos parlamentarios, excepto Coordinación Democrática, presentaron una proposición de ley que rectificaba la Ley de Amnistía de 1977 y permitía el reingreso en el Ejército de los militares condenados de la UMD. La reacción en contra de los militares fue fulminante —«se decía que la indignación en los cuartos de banderas era aún mayor de lo que había sido tras la legalización del PCE»—,^[90]​ pero la respuesta más contundente fue la del vicepresidente del Gobierno Manuel Gutiérrez Mellado que amenazó con dimitir si se aprobaba. En una carta que dirigió al propio Gobierno y al partido que lo sustentaba, Unión de Centro Democrático (UCD), expuso sus argumentos y finalmente su opinión prevaleció y la proposición de ley fue retirada.^[91]​ En la carta decía lo siguiente:^[92]​

Hay ciertos mandos agazapados, esperando la ocasión. Bastantes argumentos los da la ETA, GRAPO, cierta prensa, ciertas declaraciones, ciertas actitudes en la cuestión autonómica, el sentimiento de bastantes a los que no les gusta nada de lo que está pasando. Si la proposición se aprueba se les da la oportunidad en bandeja.
Los hechos son así, con razón o sin ella, gusten o no gusten. No hay alternativa. Los amnistiados no pueden volver al servicio activo. Ni el Gobierno ni el partido que lo sustenta, la UCD, pueden admitirlo por el bien de las Fuerzas Armadas, por el de la democracia, en definitiva, por el de España.

Un par de semanas antes del 6 de diciembre de 1978 en que se iba a celebrar el Referéndum para la ratificación de la Constitución española la policía desarticulaba la «Operación Galaxia», una intentona golpista contra el Gobierno de Adolfo Suárez, la primera operación golpista de la Transición.^[93]​ Su principal responsable, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero (quien dirigiría el asalto al Congreso de los Diputados en el 23F), solo fue condenado a siete meses de arresto, por lo que recobró inmediatamente la libertad, ya que los había cumplido mientras se celebraba el consejo de guerra.^[94]​ Según Paul Preston, «fue un intento malamente improvisado de reforzar los planes inicialmente planteados en la reunión de generales de Játiva/Jávea catorce meses antes».^[95]​

La «Operación Galaxia», llamada así por el nombre de la cafetería del barrio madrileño de Moncloa donde los dos principales cabecillas (el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el capitán de la Policía Nacional Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez) se reunieron el sábado 11 de noviembre de 1978 con tres oficiales del Ejército destinados en la Policía Nacional, consistía en el asalto por una fuerza de unos doscientos hombres del Palacio de la Moncloa, nueva sede de la Presidencia del Gobierno, el viernes 17 de noviembre cuando el Consejo de Ministros estuviera reunido (y aprovechando que el rey se encontraría de viaje oficial en México; y también que el general Gutiérrez Mellado estaría de visita en la III Región Militar y que gran cantidad de fascistas iban a congregarse en la capital con motivo del «20-N»). Paralelamente se ocuparían los puntos neurálgicos de Madrid. El vacío de poder creado por el secuestro del presidente Suárez y de su gobierno sería el pretexto para que se formara un Gobierno de salvación nacional, que paralizara el proceso constituyente. El plan se desbarató porque uno de los tres oficiales del Ejército que asistieron a la reunión lo denunció a sus superiores el 15 de noviembre. Al día siguiente, tras reforzarse la seguridad del Palacio de la Moncloa, Tejero e Ynestrillas eran detenidos mientras la prensa relataba el plan golpista. El 19 de noviembre el diario El País informaba de la reunión que habían mantenido la noche del 16 al 17 el rey, Suárez y Gutiérrez Mellado para evaluar la gravedad de la situación y decidir si Juan Carlos I debía suspender su viaje a México, lo que finalmente no se produjo (allí el rey se encontró con Dolores Rivas Cherif, viuda de Manuel Azaña, presidente de la Segunda República). El impacto en la opinión pública fue enorme, pero la prensa de extrema derecha le restó importancia aduciendo que solo había sido «una charla de café», versión a la que recurrieron Tejero e Ynestrillas en su declaración ante el tribunal, cuando no una patraña inventada por el Gobierno, argumento al que también recurrieron las defensas. Ynestrillas dijo que todo había sido «una especie de juego» para demostrar la vulnerabilidad de la sede de la Presidencia del Gobierno. Tejero en tono desafiante dijo que el plan era «un deseo, más que una hipótesis» y que en caso de haberse realizado habría ofrecido al rey, a su vuelta de su viaje de México, «una nueva situación para que decidiera lo más conveniente».^[96]​^[97]​^[98]​^[99]​^[100]​

El 31 de agosto de 1978, dos meses y medio antes de su detención, Tejero había escrito un artículo en el ultraderechista El Imparcial en forma de carta al rey Juan Carlos I^[77]​ —que el periódico publicó en primera página—^[101]​ en el que decía: «En este proyecto de Constitución no van incluidos algunos de los valores por los que creemos vale la pena arriesgar nuestras vidas. […] Necesitamos, señor, una buena y ágil ley terrorista, con facilidades para los actuantes y castigo rápido y ejemplar para los asesinos».^[102]​^[101]​ También le pedía al rey que acabase «con los apologistas de esta farsa sangrienta, aunque sean parlamentarios y se sienten entre los padres de la Patria».^[103]​ Terminaba afirmando que «mi Dios, mi patria, mi Bandera y mi honor me han obligado a hablar».^[104]​ Por este artículo solo fue arrestado catorce días, y sin pérdida de destino, lo que «no hizo sino acrecentar los planes golpistas que tenía in mente desde hacía tiempo».^[105]​

La sentencia de la «Operación Galaxia», hecha pública el 8 de mayo de 1980, no creyó la versión de la «charla de café», sino que consideró que se había cometido «un delito de conspiración y proposición para la rebelión militar», por haber tramado «un golpe de mano que habría de ocupar [sic] el palacio de la Moncloa en el momento en que estuviese reunido en él el Consejo de Ministros, para, posteriormente, someter la nueva situación a S.M. el Rey», pero a pesar ello condenó a los dos acusados a penas muy leves: Tejero a siete meses y un día de arresto y a Ynestrillas a seis meses y un día. Como ya habían cumplido esos tiempos de arresto mientras se celebraba el juicio, recobraron la libertad inmediatamente y celebraron el fallo con sus familiares, amigos y militares allegados en un bar cercano al Gobierno Militar de Madrid. «Brindaron con champán por un fallo que permitía el regreso de los condenados al servicio activo, pronto se vio con qué intenciones».^[106]​^[107]​ «Fue entonces cuando empezó a preparar el 23 de febrero».^[108]​ «Cambiaría de objetivo: el Palacio de la Moncloa (poder ejecutivo) por el palacio de las Cortes (poder legislativo)».^[109]​

La clave de que la sentencia fuera tan sumamente benévola se encuentra quizás, según Roberto Muñoz Bolaños, en el primer resultando de la misma en el que parecía justificarse la operación golpista. En él se decía que Tejero e Ynestrillas, «profundamente preocupados por los progresivos ataques a los componentes de las Fuerzas Armadas y del Orden Público perpetrados principalmente en las provincias del norte por el terrorismo separatista, pensaron en la posibilidad de poner fin a tal estado de cosas, por lo cual, previo diversos contactos entre ambos… llegaron a preparar un "golpe de mano" que había de ocupar el Palacio de la Moncloa en el momento en que estuviera reunido el Consejo de Ministros, para posteriormente someter la nueva situación a S. M. el Rey». El capitán general de la I Región Militar Guillermo Quintana Lacaci no confirmó la sentencia al considerarla demasiado benigna y solicitó al Consejo Supremo de Justicia Militar que triplicase las penas, pero este organismo superior de la jurisdicción militar solo las elevó un mes, y eso para no dejar en mal lugar a Quintana Lacaci delante de sus subordinados.^[110]​ Por aquel entonces ya se sabía que la «Operación Galaxia» había tenido unas dimensiones mayores de las que se había dicho inicialmente. Sus instigadores habían contactado con cerca de doscientos oficiales, ninguno de los cuales había informado a sus superiores, y al parecer, varias unidades de Burgos, Valladolid, Sevilla y Valencia se encontraban en estado de alerta la noche antes de la fecha fijada para el asalto al Palacio de la Moncloa. «Solo la enérgica intervención del general liberal Antonio Pacual Galmés evitó que se sumara la decisiva División Acorazada Brunete (DAC)», afirma Paul Preston.^[111]​

Mayor perplejidad aún si cabe causó la sentencia hecha pública a finales de mayo de 1979 sobre la insubordinación del general de brigada de la Guardia Civil Juan Atarés Peña (superior del teniente coronel Tejero en el País Vasco en 1976)^[112]​ que lo absolvió de todos los cargos,^[113]​ fallo que fue ratificado por el Capitán general de la III Región Militar Jaime Milans del Bosch tras resaltar las «virtudes humanas y militares» del procesado. Los hechos se habían producido en Cartagena el viernes 17 de noviembre de 1978, el día previsto por la «Operación Galaxia» para el asalto del Palacio de la Moncloa —esa misma mañana Diario 16 había dado la noticia de la detención de Tejero y de Ynestrillas por la Operación Galaxia. La reunión había sido convocada por el general Gutiérrez Mellado en un enorme hangar de aviación para explicar a varios centenares de jefes y oficiales de la guarnición y de la Armada el alcance de las reformas militares que estaba poniendo en marcha el Gobierno y aclarar sus dudas sobre la Constitución, que iba a someterse en referéndum el 6 de diciembre. También pretendía elevar la moral de las unidades en un momento en que arreciaban los atentados terroristas de ETA contra los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden Público. El vicepresidente del Gobierno ya había celebrado reuniones similares en otros lugares sin que se produjeran incidentes —Gutiérrez Mellado las denominaba visitas «apostólicas»—,^[114]​ pero la de Cartagena derivó en un tumulto —iniciado por las preguntas en forma de arengas contrarias a la Constitución por parte de varios oficiales de la Armada— en el que hubo gritos en contra del general Gutiérrez Mellado. El que más destacó fue el general Atarés, «hombre de muy corta estatura pero ardiente defensor del franquismo»,^[112]​ quien «con gritos destemplados y desabridos» acusó al vicepresidente del Gobierno de mentiroso, de traidor, de masón y de espía (esto último debido a que había sido miembro de la quinta columna durante la guerra civil). Gutiérrez Mellado ordenó su arresto inmediato —según algunos testimonios Atarés respondió con el grito de «¡Viva Franco! ¡Viva España!»— y puso fin al acto. Enseguida el general Atarés recibió numerosas muestras de solidaridad, que la sentencia absolutoria pronunciada por un consejo de guerra confirmó.^[115]​^[116]​^[112]​

Durante la conmemoración del 20-N celebrada en la Plaza de Oriente de Madrid el 19 de noviembre, dos días después del incidente de Cartagena, se desplegaron pancartas a favor del general Atarés y con insultos al Rey, a Gutiérrez Mellado y a Adolfo Suárez. En los discursos que pronunciaron los neofranquistas José Antonio Girón de Velasco y Blas Piñar pidieron la intervención del Ejército. Al día siguiente, 20-N, unos quinientos oficiales rindieron homenaje al general Franco ante su tumba en el Valle de los Caídos en una «ceremonia fascista».^[117]​

En esos meses habían aparecido pintadas y se habían distribuido panfletos en los cuarteles que estaban firmados por grupos clandestinos autodenominados Unión Patriótica Militar, Movimiento Patriótico Militar, Juntas Patrióticas, Movimiento de Resistencia Patriótica o Unión Militar Española (esta última retomaba el nombre de la Unión Militar Española, que había tenido un papel muy destacado en el golpe de Estado de julio de 1936). En un panfleto de esta «nueva UME» se calificaba a «los partidos políticos y [a] las instituciones democráticas» como «entelequias surgidas para afincamiento de la lucha de clases y de la proliferación de grupos sin otra filosofía que la del enfrentamiento». En otros panfletos se exigía que la lucha antiterrorista fuera encomendada al Ejército.^[118]​

La aprobación de la Constitución no solo no detuvo la «estrategia de la tensión», sino que se incrementó e involucró a sectores más amplios del Ejército, gracias sobre todo a la instrumentalización de los atentados terroristas de ETA que había puesto en su punto de mira a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado —en 1978 ETA había asesinado a 64 personas; en 1979 asesinó a 84 y en 1980 a 93, la inmensa mayoría de ellas militares y miembros de las fuerzas de orden público—.^[119]​^[120]​ En los funerales por las víctimas se solían producir incidentes en los que se atacaba al gobierno y a la democracia y se invocaba la intervención del Ejército. Incidentes que eran amplificados por la prensa de extrema derecha. «Por lo general, el gobierno se mostró impotente ante estos casos de indisciplina debido a la permisividad de las propias autoridades militares, que en algunas ocasiones rozó la connivencia», ha afirmado Charles Powell.^[99]​

Uno de los casos más graves se produjo tras al asesinato por ETA el 3 de enero de 1979 del gobernador militar de Madrid, general Constantino Ortín. Al terminar el funeral, celebrado en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército, un numeroso grupo de militares profirió gritos de protesta e insultó a las autoridades que presidían el acto. En un momento de gran confusión varios militares insultaron, zarandearon y golpearon al vicepresidente, general Manuel Gutiérrez Mellado —«¡Guti, masón, irás al paredón!»—, y a continuación un grupo numeroso de uniformados y de civiles, entre gritos de «¡Gobierno asesino!» y «¡Ejército al poder!», se apoderaban del féretro y lo paseaban a hombros en manifestación por el centro de Madrid.^[121]​^[122]​^[123]​^[124]​^[125]​ Uno de los que participaron en el tumulto fue el comandante Ricardo Pardo Zancada, implicado en el «23-F».^[125]​ «En el trayecto a pie hasta el cementerio se produjeron avalanchas en torno al féretro, agresiones a la prensa, rotura de cristales, quema de ikurriñas y nuevos gritos sediciosos, que se repitieron en el cementerio».^[126]​ El rey Juan Carlos se refirió a lo que calificó de «espectáculo bochornoso» en su discurso por la Pascua Militar que se celebró dos días después: «Un Ejército que ha perdido la disciplina… ya no es un Ejército».^[126]​^[127]​^[128]​

La reacción de la prensa y de los militares «ultras» fue bien diferente. El mismo día 4 de enero en que se había celebrado el funeral, el diario El Alcázar había titulado «El asesinato del gobernador militar de Madrid, una agresión contra España. La ETA marxista, responsable. El Gobierno, culpable». Por su parte El Imparcial publicó en portada una fotografía de la viuda del general asesinado con el titular «¡Silencio, españoles! LAS MUJERES DEL EJÉRCITO ESTÁN LLORANDO», al que seguía un texto que decía: «Al gobierno Suárez no le que queda ya más que una solución: DIMITIR». El día 5 El Alcázar publicaba un artículo en el que se decía que el general Ortín había sido «asesinado a un mismo tiempo por las milicias irregulares y cipayas de la Unión Soviética y por una política concesiva y amnistiadora». Y añadía: «el pueblo español sabe que estamos en guerra. Lo conocen también los hombres de la Fuerzas Armadas».^[121]​ El 13 de enero el capitán de navío Camilo Menéndez, que ya había participado en varios incidentes protagonizados por militares involucionistas, publicaba en El Alcázar un artículo en el que decía: «En ocasiones críticas en las que el error del poder amenazaban gravemente a España, siempre hubo hombres que pusieron por encima de todo el Honor» (por este artículo el capitán Menéndez solo fue arrestado quince días).^[102]​

Los incidentes se reprodujeron, aunque con menor gravedad, tras el asesinato por ETA el 25 de mayo, dos días antes del día de las Fuerzas Armadas, del general Luis Gómez Hortigüela y otros dos militares. De nuevo el funeral tuvo lugar en el Palacio de Buenavista. Al salir el féretro a la calle y recibir honores militares, un grupo numeroso de civiles que ocupaban las aceras comenzó a cantar el himno falangista Cara al Sol y a lanzar insultos contra el Gobierno, especialmente contra Gutiérrez Mellado. Se coreó de forma insistente el grito «¡Gutiérrez Mellado, tú los has matado!».^[129]​^[130]​ Unas horas después del funeral estallaba una bomba en la cafetería California 47, cercana a la sede de Fuerza Nueva, en el barrio de Salamanca de Madrid, que se encontraba atestada de gente porque era sábado por la tarde. Ocho personas murieron y otras cincuenta resultaron heridas. El atentado fue atribuido al GRAPO.^[130]​

Pocos días antes de los incidentes del funeral del general Hortigüela, se había producido una gran conmoción entre los militares por el nombramiento del general José Gabeiras como jefe del Estado Mayor del Ejército, ya que para que pudiera acceder al puesto había sido ascendido precipitadamente a teniente general y con él los cinco generales de división que le precedían en el escalafón. Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno para la Seguridad Nacional y Defensa,^[131]​ no se fiaba de los dos tenientes generales que por antigüedad y prestigio acumulaban más méritos para ser nombrados para el puesto, Jaime Milans del Bosch, capitán general de III Región Militar, y González del Yerro, capitán general de Canarias, y prefería a un militar que como Gabeiras fuera leal, como lo demostraría durante el 23-F.^[132]​^[133]​^[134]​ Sin embargo, como ha señalado Charles Powell, «el resultado fue que Gabeiras jamás gozó de la autoridad imprescindible para desarrollar satisfactoriamente su función».^[135]​

Cuatro meses después, los dos militares postergados, González del Yerro y Milans del Bosch, mostraron su indignación con motivo del asesinato por ETA de dos militares en Bilbao el 19 de septiembre realizando unas duras declaraciones. El primero afirmó que «España se nos está muriendo», insistiendo en la «falta de autoridad»; el segundo, después de hacer un balance negativo de la Transición («terrorismo, inseguridad, inflación, crisis económica, paro, pornografía») e insistir en la «crisis de autoridad», afirmó: «El Ejército deberá intervenir cuando se evidencie que las leyes, la acción policial y la judicial son insuficientes». Por estas declaraciones fueron amonestados por el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún —el primer civil en ostentar el cargo desde 1936—^[136]​ quien no aceptó la dimisión como capitán general de Canarias de González del Yerro, ya que este lo que pretendía era que su renuncia fuera seguida por la de los otros diez capitanes generales, lo que hubiera provocado una grave crisis política.^[137]​^[138]​ El capitán general de la II Región Militar Pedro Merry Gordon, por su parte, se refirió a «una serie de enanos asesinos, ratas de alcantarilla, que nos atacan por la espalda» y amenazó con la intervención del Ejército.^[139]​ Las opiniones de González del Yerro y de Milans del Bosch (y de Merry Gordon) coincidían con la expresada dos meses antes, con motivo del aniversario del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, por el líder ultraderechista y neofranquista José Antonio Girón en El Alcázar: «Son muchos los compatriotas que piensan que las circunstancias de erosión o destrucción que hoy advertimos en el edificio del Estado» son «infinitamente más graves, más duras, más trágicas, más angustiosas» que las de la «década de los treinta».^[140]​

En enero de 1980 el Gobierno abortó un plan para tomar el Palacio de la Moncloa, como en la «Operación Galaxia». Su instigador era el general Luis Torres Rojas, jefe de la División Acorazada Brunete (DAC), la unidad más importante del Ejército de Tierra situada en las inmediaciones de Madrid. Torres Rojas, un militar «profundamente franquista»,^[141]​ pretendía que la Brigada Paracaidista (que había estado bajo su mando entre 1975 y 1979) realizara el asalto y una vez ocupada La Moncloa —y los puntos neurálgicos de la capital «neutralizados» por los carros de combate de la DAC— imponer un Gobierno presidido por un militar «de prestigio», presumiblemente el general Fernando de Santiago o el general José Miguel Vega Rodríguez, este último amigo de Torres Rojas. A continuación las Cortes serían disueltas, el Partido Comunista de España prohibido y se interrumpiría el proceso autonómico.^[142]​ El general Torres Rojas, que negó los hechos, fue destituido de forma fulminante del mando de la DAC el 24 de enero y destinado al gobierno militar de La Coruña. Sin embargo, el Gobierno no informó de los verdaderos motivos del cambio de destino de Torres Rojas y negó que tuviera alguna relación con actividades golpistas. Un año después Torres Rojas sería uno de los principales protagonistas del 23F —lo mismo que el coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la DAC, que continuó en su puesto, a pesar de su estrecha relación con Torres Rojas—.^[143]​^[144]​^[145]​ El plan fue descubierto gracias a un oficial de la Brigada Paracaidista que informó a Fernando Reinlein, antiguo miembro de la UMD, quien a su vez avisó al ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún.^[146]​ Según Charles Powell, quien alertó al ministro fue Julio Busquets, fundador de la UMD.^[147]​ Busquets, según Powell, o Reinlein, según Paul Preston, informaron a Miguel Ángel Aguilar, director de Diario 16, de cuál había sido el verdadero motivo de la destitución de Torres Rojas como comandante de la DAC y su traslado a la Coruña. Aguilar publicó la noticia y esto le supuso ser procesado por injurias al Ejército y finalmente tener que dejar la dirección del diario.^[147]​^[107]​ «La salida de Torres Rojas neutralizó efectivamente la DAC y con ello eliminó un elemento crucial del arsenal golpista».^[107]​

El 30 de mayo de 1980 el teniente general «ultra» Carlos Iniesta Cano, amigo del teniente coronel Antonio Tejero que había sido condenado por la «Operación Galaxia», se entrevistó en El Saler (Valencia) con el capitán general de la III Región Militar Jaime Milans del Bosch, quien «desde la legalización del PCE se había convertido en el polo de atracción para todos los sectores involucionistas del Ejército». Iniesta Cano le pidió a Milans que liderara el golpe de Estado que estaban preparando y que consistía en crear un vacío de poder mediante la toma del Congreso de los Diputados lo que propiciaría una intervención en masa del Ejército. Milans puso como condición que el rey Juan Carlos apoyara la operación. Acordaron que seguirían en contacto a través del ayudante de Milans, el teniente coronel Pedro Mas Oliver.^[148]​

El 15 de junio —en julio, según Javier Cercas—^[149]​ Mas Oliver almorzó en Madrid con el teniente coronel Tejero y con el ultraderechista Juan García Carrés, muy amigo de este y que fue quien los puso en contacto. La misión de Mas Oliver era comprobar el «grado de seriedad» de la operación de la que había hablado Iniesta Cano —«Tejero causó una grata impresión a su colega del Ejército, como así lo manifestó a su general»; por su parte Tejero consideró que la operación «se pondría en marcha bajo el liderazgo de Milans del Bosch»—.^[148]​^[150]​ Fue el primer contacto, aunque indirecto, que mantuvieron Tejero y Milans. Inmediatamente Tejero reunió a varios capitanes y tenientes de la Guardia Civil de su confianza para pedirles el apoyo al plan golpista —en aquel momento Tejero no tenía fuerzas bajo su mando porque se encontraba en la situación de disponible forzoso—, pero no lo logró.^[151]​ Días o semanas más tarde volvieron a reunirse Tejero y Mas Oliver y en esta ocasión este le comunicó a Tejero la conformidad de Milans a que estudiara la operación para tomar el Congreso de los Diputados, cuando se estuviera celebrando una sesión parlamentaria con la presencia del Gobierno.^[152]​^[153]​^[148]​ Según Javier Cercas, Tejero escogió como modelo la toma del Palacio Nacional de Managua por el comandante sandinista Edén Pastora que tuvo lugar el 22 de agosto de 1978.^[154]​ En las semanas siguientes Tejero estudió el objetivo y sus medidas de seguridad y compró seis autobuses de segunda mano para transportar a la fuerza que llevaría a cabo el asalto, así como gabardinas y anoraks para camuflar sus uniformes. Para guardar los autobuses alquiló una nave industrial en Fuenlabrada. Tejero nunca reveló el origen del dinero —unos dos millones y medio de pesetas—, pero todo parece indicar que procedió de alguno o de varios de sus amigos «ultras»: Juan García Carrés, José Antonio Girón o el general en la reserva Carlos Iniesta Cano.^[155]​^[156]​

Paralelamente a los primeros contactos entre Tejero y Milans, nacía la «Solución Armada». Javier Cercas sitúa su inicio en el mes de julio de 1980 cuando el general Alfonso Armada, antiguo secretario de la Casa Real, entregó en La Zarzuela un informe redactado por un catedrático de derecho administrativo —posiblemente el exministro franquista Laureano López Rodó—^[157]​ en el que, tras señalar la inconstitucionalidad de los proyectos de estatuto de autonomía vasco y catalán,^[157]​ se proponía como salida a la crisis política que estaba viviendo el país desalojar del poder a Adolfo Suárez mediante una moción de censura y sustituirlo por un gobierno unitario presidido por una personalidad independiente, posiblemente un militar. «En muy poco tiempo la hipótesis de un gobierno de unidad presidido por un militar como salvavidas contra el hundimiento del país había llegado a todos los rincones del pequeño Madrid del poder». El propio Suárez hizo mención a ello en una declaración a la prensa: «Sé que el PSOE está barajando la posibilidad de llevar a un militar a la presidencia del gobierno. Me parece descabellado».^[158]​^[159]​ Mientras tanto, el general Armada mantenía reuniones con políticos, militares, empresarios y financieros y en ellas siempre dejaba caer de forma velada que contaba con el respaldo del rey.^[160]​

Roberto Muñoz Bolaños retrotrae a finales de 1979 los orígenes de la «solución Armada», cuyo principal ideólogo sería el periodista Luis María Ansón, director de la agencia oficial de noticias Efe, que proponía aplicar en España el modelo del acceso al poder del general De Gaulle en 1958 que dio nacimiento a la V República Francesa (en lo que coincide Muñoz Bolaños con Javier Cercas).^[161]​^[162]​ Fue entonces cuando los sectores conservadores políticos y económicos promotores de lo que Muñoz Bolaños llama la transición paralela —que a diferencia de la Transición se proponía instaurar en España una democracia limitada—, llegaron a la conclusión de que el «golpe de timón» —expresión acuñada por el expresidente de la Generalidad de Cataluña Josep Tarradellas y empleada por diversos líderes políticos como Manuel Fraga, presidente de la derechista Alianza Popular—^[163]​^[164]​ no podía ser liderado por un civil, sino por un militar. Y el escogido fue el general Alfonso Armada, quien «desde el primer momento estuvo apoyado por un staff de técnicos e intelectuales que elaboraron numerosos informes sobre diferentes ámbitos que deberían reordenarse».^[165]​ Así pues, según Roberto Muñoz Bolaños, la «Solución Armada» «fue una operación civil, diseñada por miembros de la élite económica y política conservadora, con un componente militar subordinado».^[166]​

Javier Cercas afirma, por el contrario, que «tras los militares rebeldes no hubo trama civil alguna… porque Armada, Milans y Tejero no tenían necesidad de que ningún civil inspirara una operación militar y porque no permitieron que ningún civil se inmiscuyera en sus planes más que de forma anecdótica» (como fue el caso del ultraderechista Juan García Carrés, amigo de Tejero).^[167]​ Cercas reconoce la existencia de «una serie de extrañas maniobras políticas con el objeto de derribar el gobierno de Adolfo Suárez», pero estas maniobras «fueron el contexto que propició la operación militar; fueron la placenta del golpe, no el golpe».^[168]​ Le suministró «argumentos y coartadas, al discutir sin disimulo la posibilidad de ofrecer el gobierno a un militar o pedir ayuda a los militares», con lo que «la clase dirigente entreabrió la puerta de la política a un ejército que clamaba por intervenir en política para destruir la democracia».^[169]​ Esa idea se fue extendiendo «con profusión por el pequeño Madrid del poder y apenas había partido político que no considerase la hipótesis de situar a un militar al frente de un gobierno de coalición o concentración o unidad como una de las formas posibles de expulsar a Suárez del poder» (la excepción fue Santiago Carrillo, secretario general del PCE).^[170]​ Charles Powell también señala que «a partir del verano se intensificaron los rumores sobre una intervención militar, así como la posible creación de un gobierno civil presidido por un general de prestigio… Con notable irresponsabilidad, dirigentes de los principales partidos políticos mantuvieron conversaciones con miembros destacados del estamento militar contribuyendo a la confusión reinante». Powell también advierte que el golpe militar en Turquía del 12 de septiembre fue seguido con atención por algunos sectores militares.^[171]​

Además Cercas destaca (y lamenta) que el rey Juan Carlos I participara en «las maniobras destinadas a sustituir a Suárez que formaron la placenta del 23 de febrero». «Quiso volver a intervenir en la política del país más allá de los límites impuestos por las reglas recientes de la monarquía parlamentaria. […] No se limitó el Rey a incentivar con el peso de su autoridad el acoso a Suárez; también discutió con unos y con otros la forma de sustituirlo».^[172]​ Según Paul Preston, «no faltaron personas, desde directores de periódicos a generales destacados, que insinuaran al Rey que únicamente él podía dar dicho golpe de timón», del que hablaba Tarradellas.^[173]​

La primera mención pública a la «solución Armada» data del 7 de agosto de 1980. Ese día el progolpista Heraldo Español publicó en portada un dibujo de un caballo encabritado sin jinete con el titular «¿Quién montará este caballo? Se busca general». En las páginas interiores un artículo firmado por «Merlín» (seudónimo del periodista Fernando Latorre) aludía de forma aparentemente críptica al general Armada cuando finalizaba diciendo: «Pero ¿dónde está el HOMBRE [que ponga orden en el país y tenga la confianza del Rey]? ¡Que venga pronto! ¡Que venga ese HOMBRE de las Fuerzas Ar…ma…das…». En ese mismo número aparecía un artículo con tonos amenazadores del colectivo «Sertorio» titulado «Los agravios al Ejército».^[174]​^[67]​^[175]​ Según Roberto Muñoz Bolaños, Merlín recibía la información del comandante del CESID José Luis Cortina (procesado por el 23-F, pero finalmente absuelto por el tribunal). Según este autor, Cortina era uno de los impulsores de la «solución Armada» (su hermano Antonio Cortina, concejal de AP en el Ayuntamiento de Madrid, mantenía una estrecha relación con el general Armada) y como tal estaba muy interesado en crear un clima de miedo que favoreciera el proyecto.^[176]​ Quince días después Merlín volvió a insistir en el mismo tema con otro artículo, titulado «De Gaulle o la pechuga».^[177]​

A lo largo del verano Armada había hablado con políticos de UCD y de la derecha,^[178]​ pero no conocía a los dirigentes socialistas.^[179]​ Fue el 22 de octubre cuando contactó con algunos de ellos. Ese día tuvo lugar una comida en casa del alcalde socialista de Lérida Antoni Siurana a la que asistieron además de Armada, entonces gobernador militar de esa provincia, los líderes socialistas Joan Reventós y Enrique Múgica Herzog (este último había estado manteniendo reuniones regulares con el entonces secretario de la Casa Real, el general Sabino Fernández Campo). Lo que se habló en esa comida, cuya sobremesa duró cuatro horas,^[180]​ sigue siendo objeto de polémica, ya que los testimonios de los asistentes son contradictorios. Mientras Armada le restó importancia a lo tratado, Enrique Múgica le trasladó a su secretario general Felipe González que Armada se había postulado discretamente para presidir el gobierno (y Felipe González se lo comunicó al rey y también a Suárez).^[181]​^[182]​^[183]​^[184]​^[185]​ Cuando el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún se enteró de la comida telefoneó inmediatamente al general Armada para reconvenirle por haberse reunido con los líderes socialistas. Por otro lado, el líder de Alianza Popular Manuel Fraga Iribarne anotó en su diario, a finales de diciembre, que tenía «información segura» de que el general Armada «estaría dispuesto a presidir un gobierno de concentración».^[181]​^[185]​ De hecho el presidente Suárez había recibido un informe reservado, fechado el 9 de octubre, en el que se planteaba la posibilidad de la formación de una «coalición de salvación nacional» presidida por una «personalidad independiente», con apoyo de los socialistas.^[186]​ Según Javier Cercas, el encuentro con los socialistas en Lérida y «los movimientos y rumores a que dio lugar constituyeron un respaldo a las inclinaciones golpistas de Armada y una buena coartada para que en los meses previos al golpe el antiguo secretario del Rey insinuara o declarara aquí y allá que los socialistas participarían en un gobierno unitario presidido por él».^[187]​

El 17 de noviembre de 1980 el general Armada se reunió en Valencia con el capitán general de la III Región Militar, teniente general Jaime Milans del Bosch, quien en aquellas fechas ya mantenía una relación fluida con Tejero. Armada le informó de lo que había hablado con los líderes socialistas en Lérida y también intentó matizar lo que venía publicando la prensa de extrema derecha sobre la existencia de una «Operación De Gaulle» que encabezaría un general en activo (El Alcázar afirmaba que ese general era «el hombre de Múgica», en referencia poco velada al propio Armada).^[188]​^[189]​ Una semana antes el general Armada había mantenido un largo encuentro con el rey en un refugio de montaña del Valle de Arán, en la provincia de Lérida de la que Armada era el gobernador militar. Al parecer Armada le habló al monarca del malestar que existía en las Fuerzas Armadas y este le pidió que se enterara mejor y que le informase. Ese habría sido el motivo inmediato de que Armada fuera a Valencia para entrevistarse con Milans, «consciente de que no había en el ejército un militar más descontento que Milans y de que cualquier intriga golpista partía o desembocaba en Milans, o lindaba con él».^[190]​ En la entrevista es probable que Armada le hablara a Milans de su proyecto de constituir un gobierno de unidad presidido por él, que contaría con el respaldo del rey, y que le ofreciera el puesto de jefe del Estado Mayor del Ejército. También le dijo que «se temen acciones violentas y debemos reconducirlas».^[191]​ Según Javier Cercas, «Milans aceptó el trato, y de esa forma la Operación Armada se dotó de un ariete militar».^[192]​

Ese mismo mes de noviembre el Rey y el Gobierno recibieron un informe de los servicios de inteligencia (atribuido al CESID, pero que según Javier Cercas y Paul Preston fue obra del teniente coronel Manuel Fernández-Monzón Altolaguirre, jefe del gabinete de prensa del Ministerio de Defensa y un antiguo miembro de los servicios de información, aunque también se ha afirmado que fue elaborado por el comandante del CESID Santiago Bastos Noreña)^[193]​^[194]​^[195]​ que llevaba por título «Panorámica de las operaciones en marcha»^[196]​^{[nota 6]}​ —según Javier Cercas, «se trata del documento más útil de que disponemos para entender los antecedentes directos del golpe»—^[197]​. En el informe se decía que estaba en curso una «operación de ámbito cívico-militar» y tres estrictamente militares, aunque sin relación entre sí: la de los tenientes generales (cuyo modelo era el golpe militar que se acababa de producir en Turquía,^[198]​ pero el informe no daba ningún nombre), la de los coroneles y una tercera, denominada «de los espontáneos», a la que relacionaba con la «famosa Operación Galaxia», y que el informe la consideraba como la más peligrosa, ya que podía fracturar la unidad de las Fuerzas Armadas, con peligro real de guerra civil.^[199]​^[200]​^[201]​ La más radical de las tres conspiraciones militares, según el informe, era la «operación de los coroneles»: «No tienen convencimiento monárquico de ninguna clase y por ello piensan más en una “república de tinte presidencialista” con tintes muy nacionalistas».^[202]​ Aunque el informe no daba ningún nombre, Roberto Muñoz Bolaños —apoyándose en Medina, Pardo Zancada y el coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la División Acorazada Brunete— sitúa dentro de este grupo al propio San Martín, al coronel José Ramón Pardo de Santayana, antiguo miembro del CESID, y al coronel José Luis Carrasco Lanzós, como tres de sus principales promotores. Este mismo autor destaca —apoyándose en el sumario de la causa judicial instruida tras el fracaso del golpe de Estado— que dentro del grupo de los coroneles había uno específico denominado de los «Técnicos» que sería el protagonista del 27-O de 1982.^[203]​

En cuanto a la «operación de ámbito cívico-militar», que Roberto Muñoz Bolaños identifica con la «Solución Armada»,^[204]​ el informe decía que su objetivo era forzar la dimisión de Adolfo Suárez y que a continuación el rey propusiera como candidato a la presidencia del Gobierno a un general que contara «con respaldo del resto de la estructura militar». Este una vez investido formaría un «gobierno de gestión o de salvación nacional» que emprendería la reforma de la Constitución y daría marcha atrás en determinadas políticas de Suárez. El informe decía que la operación «podría culminar para antes de la primavera de 1981 (salvo imponderables)».^[199]​^[205]​ La operación mixta civil y militar era un golpe blando destinado a conjurar los tres golpes duros estrictamente militares y sus promotores eran grupos de civiles sin militancia y un grupo de generales en activo «de brillantes historiales y capacidad de arrastre». En conclusión, según Javier Cercas, «el servicio de inteligencia poseía en noviembre de 1980 información tan solvente sobre las tramas golpistas como para ser capaz de predecir sin demasiado margen de error lo que acabaría sucediendo el 23 de febrero».^[206]​ Por su parte, Juan Francisco Fuentes ha destacado que «sorprende la falta de reacción del Gobierno, que recibió, lo mismo que el rey, copia del documento».^[207]​

El informe atribuido al CESID coincide en gran medida con las memorias inéditas del ultraderechista Juan García Carrés, el único civil condenado por el 23-F. En ellas menciona la existencia de tres movimientos golpistas: el de los coroneles; la «solución Armada»; y «el nuestro», encabezado por el teniente general Jaime Milans del Bosch y por José Antonio Girón.^[208]​ El objetivo de este último, según García Carrés, no era «instalar una dictadura militar», sino «acabar con la guerra del norte» y «pacificada esta zona, proceder a la reconstrucción moral, social y económica de España… Todo esto, en los comienzos se haría sin la intervención de los partidos políticos, éstos y las centrales sindicales serían congelados».^[209]​ En sus memorias García Carrés dejó constancia de la intensa actividad que desplegó en los meses finales de 1980:^[65]​

Me estoy desplazando a todas las provincias, a requerimiento de generales, almirantes y jefes y oficiales. […] Hay un gran disgusto en la familia militar… Me hablan y me invitan a asistir a reuniones de militares. Contacto con un grupo de coroneles y tenientes Coroneles. A alguna de estas reuniones ha asistido el teniente coronel Tejero. Por lo que me dicen, disponen de dinero.

El 17 de diciembre el diario El Alcázar publicaba el primero de los tres artículos del colectivo «Almendros», grupo que había surgido por una iniciativa de la dirección del diario a la que se habían sumado militares involucionistas como los generales Fernando de Santiago y Carlos Iniesta Cano, el coronel José Ignacio San Martín, el capitán de navío Camilo Menéndez, y el comandante Ricardo Pardo Zancada (los tres últimos implicados en el 23F), y exministros franquistas como Gonzalo Fernández de la Mora o Federico Silva Muñoz y el «falangista franquista» Jesús Fueyo Álvarez.^[65]​^[210]​ Sin embargo, Roberto Muñoz Bolaños considera que quien se encontraba detrás del colectivo era el comandante José Luis Cortina del CESID, que quería «crear una auténtica psicosis golpista en la opinión pública española, principalmente en la élite política» para impulsar la «Solución Armada» que él promovía.^[211]​ Este primer artículo llevaba por título «Análisis político del momento militar» en el que, tras criticar la política del gobierno Suárez en relación con las Fuerzas Armadas, se daban una serie de consejos amenazadores al posible sucesor del presidente: «El sucesor debería reunir las condiciones necesarias para recuperar la autoridad moral sobre unos militares que, ante todo y sobre todo, apetecen el ejercicio de su profesión en un ambiente de honor y disciplina, al servicio de España, de todos los españoles y de un sistema de libertades que respete la pluralidad en el ser y en el sentir, pero sin que ello menoscabe o ensombrezca la innegable unidad de la Patria».^[212]​^[213]​ El segundo artículo del Colectivo Almendros se publicó el 22 de enero de 1981, también en El Alcázar.^[214]​ En él se defendía la formación de un «Gobierno de amplios poderes» para resolver los problemas del país (paro, terrorismo, seguridad ciudadana), entre los que incluían «la razonable reconducción del proceso autonómico y la reforma de la Constitución». Y si esta opción no era aceptada se amenazaba con un golpe de Estado militar: «Ni nos abruma el fracaso del ensayo democrático actual ni carecemos de vigor y fuerza para resolver nuestros males».^[215]​

En Navidad el presidente Suárez le dijo al miembro de su partido Fernando Álvarez de Miranda, quien había acudido al Palacio de la Moncloa alarmado por lo que se decía por los círculos madrileños: «Sí, ya sé que todos quieren mi cabeza. Ese es el mensaje que mandan hasta los socialistas: un Gobierno de coalición presidido por un militar, el general Armada. No aceptaré ese tipo de presiones, aunque tenga que salir de la Moncloa en un ataúd».^[216]​^[217]​ Por esas fechas el socialista Múgica Herzog sondeaba al ministro de Sanidad, Alberto Oliart, sobre si apoyaría un gobierno presidido por el general Armada.^[218]​ Por su parte Armada se reunía a finales de diciembre con el embajador de Estados Unidos en España, Terence Todman, en Santa Cruz de Ribadulla (La Coruña), encuentro al que también asistió Pío Cabanillas, hombre fuerte de la UCD en Galicia y ministro sin cartera del Gobierno de Suárez (a principios de noviembre Todman había enviado un informe a Washington en el que decía que el rey Juan Carlos le había manifestado «su pesimismo sobre la situación interna de España, particularmente como resultado de la aparente ineficacia del primer ministro Suárez para afrontar los problemas domésticos»).^[219]​

El 3 de enero, unos días después de que el rey hubiera desautorizado veladamente al presidente Suárez en el tradicional mensaje de Navidad, el general Armada se entrevistó con el monarca en Baquiera Beret, donde la familia real estaba pasando las vacaciones navideñas.^[221]​ En esa «trascendental conversación», en palabras de Juan Francisco Fuentes,^[220]​ Armada le expuso el descontento de las Fuerzas Armadas y le informó de la existencia de militares de alta graduación dispuestos a tomar medidas radicales (es probable que entonces el rey le prometiera que le encontraría un destino en la capital).^[222]​ Don Juan Carlos, alarmado, telefoneó al presidente Suárez, que se encontraba en Ávila disfrutando de unos días de descanso, y le dijo que fuera inmediatamente a Baqueira. Cuando llegó al día siguiente, el rey no le pidió la dimisión, pero sí le echó en cara su mala gestión en relación con el Ejército.^[223]​

El día 10 Armada viajaba a Valencia para informar a Milans del Bosch (sería la última vez que los dos militares hablaran cara a cara antes del golpe).^[222]​^[224]​ Trataron sobre «la posibilidad de que se produjesen acciones violentas» promovidas por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y de la necesidad de evitarlo colocando a un «presidente neutral» al frente del Gobierno. Según les contó después Milans a sus ayudantes, Armada había llegado a la conclusión de que el rey «quería que diese un "golpe de timón" a la situación». Milans se convenció de que don Juan Carlos «está harto de Suárez», tal como lo manifestó unos días después.^[223]​ Según uno de los condenados por el 23-F, de la reunión celebrada en Valencia el 10 de enero salió una dirección bicéfala de la conspiración, Milans-Armada, y de la que también formaba parte el teniente coronel Antonio Tejero, en contacto con Milans desde julio.^[225]​

La reunión clave de la conspiración tuvo lugar un mes antes del golpe, el domingo 18 de enero de 1981, en el domicilio madrileño del teniente coronel Pedro Mas Oliver, ayudante del teniente general Milans del Bosch.^[226]​ No hay acuerdo sobre los militares que estuvieron presentes, además de Milans del Bosch y de Tejero. Según José Luis Rodríguez Jiménez, estuvieron los generales Carlos Iniesta Cano y Manuel Cabeza Calahorra, este último integrante del Colectivo Almendros.^[227]​ Juan Francisco Fuentes da por segura la presencia del general Luis Torres Rojas y como probable la del general Carlos Alvarado Largo, además de Iniesta Cano y de Cabeza Calahorra. Por su parte, Javier Cercas afirma que asistieron Iniesta Cano y Torres Rojas, y Roberto Muñoz Bolaños —apoyándose en el testimonio de Torres Rojas— menciona a Iniesta Cano, a quien Milans del Bosch le pidió que abandonara la reunión porque no estaba en activo, y a Torres Rojas, además de los generales Alvarado Largo y Francisco Dueñas Gavilán.^[228]​^[209]​^[229]​ Paul Preston nombra a Carlos Iniesta, a Manuel Cabeza Calahorra y a Luis Torres Rojas.^[226]​ En lo que coinciden todos es en que no asistió el general Armada.^[230]​ Según el ultraderechista Juan García Carrés, que afirmó haber estado presente en la reunión, pero al que Milans del Bosch le obligó a que se marchara, ya que era un civil,^[231]​ Milans dijo:^[209]​

Hoy debería estar aquí el general Armada, pero a última hora me ha llamado excusando su asistencia por motivos de servicio. Os puedo anunciar que próximamente será designado como 2º Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, puesto clave en el caso de que S. M. el Rey diese la orden de actuar. Una vez que el Tte. Coronel [Tejero] haya ocupado el Congreso de los Diputados, producido el hecho detonante, se pondrá en marcha la operación Diana que motivaría el estado de alarma en todas las Fuerzas Armadas, lo que permitiría al general Armada desde su puesto controlar y dirigir el movimiento militar. El objetivo es, como todos sabéis, liberar a España de las lacras del terrorismo y del marxismo.

Aunque no estuvo presente (pero, según Juan Francisco Fuentes, «bebió de las mejores fuentes para narrar lo ocurrido»), el comandante Ricardo Pardo Zancada contó, en un libro que publicó en 1998, que en la reunión también se acordó que el general Torres Rojas se desplazaría desde La Coruña a Madrid para hacerse cargo del mando de la División Acorazada Brunete, clave para controlar la capital una vez se hubiera producido el asalto al Congreso dirigido por Tejero. También se refirió a las discrepancias que mantuvieron Milans y Tejero sobre el papel del general Armada. Tejero prefería la formación de una Junta Militar a un Gobierno de concentración presidido por este, pero Milans aparentemente lo convenció alegando que Armada era el enlace con el rey.^[232]​^[233]​ Según Roberto Muñoz Bolaños, en la reunión asimismo se acordó congelar el asalto al Congreso que iba a comandar Tejero a la espera de si el general Armada llegaba a alcanzar la presidencia del Gobierno por la vía «constitucional», mediante la moción de censura que se estaba preparando contra Adolfo Suárez.^[234]​ Terminada la reunión Milans volvió a Valencia y allí ordenó a su ayudante el coronel Diego Ibáñez Inglés que viajara inmediatamente a Lérida para informar al general Armada de lo que se había acordado.^[234]​^[235]​ Ibáñez Inglés también cumplió con otro encargo de Milans: entrevistarse con el coronel San Martín, para que este paralizase las operaciones golpistas que estuviese preparando. Se reunieron en el Parador Nacional de Alarcón el 31 de enero, dos días después de la dimisión de Suárez. También trataron de la movilización de la DAC en caso de que fuera necesaria.^[236]​ Cuando el 23 de enero se encontraba cazando en la sierra de Cazorla los servicios de inteligencia informaron al rey de que había habido una reunión de generales en la que se había hablado de la necesidad de una intervención militar, «ante lo cual regresó apresuradamente a Madrid».^[237]​^[238]​

Por aquellas mismas fechas —concretamente el 22 de enero— el rey intentó que el general Armada fuera nombrado 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército (2.º JEME), pero Suárez se negó en redondo —«surgió una seria discusión entre ellos»—^[239]​ y don Juan Carlos aceptó su decisión.^[152]​^[240]​ Sin embargo, acabaría siendo nombrado para el puesto el 3 de febrero, cuatro días después de la dimisión de Suárez, y el rey se lo comunicó personalmente por teléfono.^[241]​ Cuando Suárez, entonces ya presidente en funciones, se quejó del nombramiento el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún le dijo: «Me lo ha pedido el rey». A lo que Suárez contestó: «Me parece que estamos cometiendo un error histórico».^[242]​^[243]​^[240]​

El 29 de enero de 1981 Suárez anunció su dimisión como presidente del Gobierno y como presidente de su partido, la Unión de Centro Democrático (UCD).^[244]​^[245]​^[246]​ En su intervención televisiva —en la que no hizo ninguna referencia explícita al rey—^[247]​ dijo: «Me voy porque no quiero que por mi causa la democracia sea una vez más, un paréntesis en la historia de España».^[248]​^[249]​^[98]​^[250]​ Se ha especulado mucho sobre las razones de la dimisión, ya que nunca llegaron a aclararse del todo.^[251]​^[252]​^[245]​^[253]​^[254]​^[255]​^[256]​ Años después dijo: «Nunca olvidaré el año 80».^[257]​ Suárez siempre negó que la dimisión tuviera algo que ver con el posterior intento de golpe de Estado. «Si hubiera sabido algo, no hubiera dimitido», afirmó rotundamente cuando ya estaba retirado de la política.^[258]​^[259]​

El distanciamiento con el rey^[260]​ fue un factor importante^[261]​^[262]​ —«definitivo», según Javier Cercas—.^[263]​ La pérdida del apoyo del rey se puso en evidencia con motivo del tradicional mensaje navideño, ya que Suárez tras leer una copia del mismo antes de ser emitido lo consideró una clara desautorización de su política y por eso encargó al ministro de la Presidencia Rafael Arias-Salgado que lo modificara, aunque no consiguió suavizarlo del todo. En el mensaje navideño se decía que se debían asumir los errores propios sin echarle la culpa a los demás («Es urgente que examinemos nuestro comportamiento en el ámbito de responsabilidad que a cada uno es propio, sin la evasión que siempre supone buscar las culpas a los demás»).^[264]​^[265]​ También se decía: «Quiero invitar a reflexionar a los que tienen en su manos la gobernación del país. Han de poner la defensa de la democracia y del bien común por encima de sus limitaciones y transitorios intereses personales, de grupo o de partido».^[266]​ Por primera vez desde que era rey, don Juan Carlos compareció ante las cámaras sin la presencia del resto de la familia real.^[267]​ En relación con el papel de la Corona circuló la historia de que el 23 o el 24 de enero Suárez fue víctima de una «encerrona» en el Palacio de la Zarzuela a donde había acudido para un almuerzo invitado por el rey. Allí se encontró con varios tenientes generales que le exigieron que dimitiera. Suárez se negó y en un momento de máxima tensión uno ellos puso su arma reglamentaria encima de la mesa. Suárez siempre calificó de falso «todo el relato, de arriba abajo».^[268]​^[237]​

La dimisión de Suárez no canceló los planes golpistas, aunque sí congeló momentáneamente la «solución Armada» (así se lo comunicó Milans del Bosch a los conjurados en una nueva reunión celebrada en el domicilio madrileño del coronel Mas Oliver).^[269]​^[270]​^[271]​ El ultraderechista El Alcázar publicó un artículo titulado «Suárez se va, pero apenas nada cambia»: «todo lo que no sea cambiar el sistema, congelar la Constitución y emprender el intento honesto de construir una democracia a la española, se traducirá en un apresuramiento hacia la catástrofe inapelable».^[272]​ El 1 de febrero el Colectivo Almendros publicaba su tercer artículo también en el El Alcázar, titulado «La decisión del mando supremo» y en él se volvía a insistir en la formación de «un Gobierno de regeneración nacional» «cuya única viabilidad se fundamentaría en el prestigio y la autoridad fáctica de quien lo presidiera» y que en caso de no constituirse (porque los partidos siguieran «obcecados más en sus cuestiones internas que preocupados por la decadencia nacional») «instauraría la posibilidad para una legítima intervención de las Fuerzas Armadas».^[214]​^[273]​^[274]​^[275]​

Ese mismo día 1 de febrero Emilio Romero, el antiguo director del diario de la Organización Sindical franquista Pueblo, defendió en un artículo publicado en ABC la necesidad de «un golpe de timón» y para encabezarlo propuso al general Armada.^[276]​^[277]​^[278]​^[279]​^[280]​ El 12 de febrero le respondía Antonio Izquierdo, director de El Alcázar, quien daba por seguro que si Leopoldo Calvo Sotelo, el candidato propuesto por Suárez^[281]​ (y aceptado por el rey el día anterior) para ocupar la jefatura del ejecutivo, no conseguía la investidura, «gobernaría un general, por supuesto,… pero no precisamente aquél a quien señaló Emilio Romero en un reciente comentario en ABC».^[276]​ Sobre Armada el expresidente de la Generalidad de Cataluña Josep Tarradellas comentó tras entrevistarse con él en Lérida el 1 de febrero: «¡Este hombre está lanzado! Me preocupa» (pretendía presidir un gobierno de salvación que evitara la «catástrofe» a la que estaba abocado el país). El 3 de febrero era nombrado a propuesta expresa del rey 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército, tal como se había asegurado en la reunión que habían mantenido los conspiradores el 18 de enero en Madrid.^[282]​^[283]​^[284]​ Al enviado de Milans del Bosch, el coronel Ibáñez Inglés, Armada le dijo ese mismo día que ya contaba con el visto bueno de todos los partidos políticos y de las organizaciones sociales (patronal, Iglesia católica) para presidir el gobierno y que por eso lo destinaban a Madrid (esto fue lo que afirmó Ibáñez Inglés en el juicio por el 23-F). De hecho este convencimiento se puso de manifiesto dos días después durante una cena ofrecida por el presidente de la Generalidad de Cataluña cuando Armada le dijo a la esposa de Jordi Pujol: «No creo que Calvo Sotelo llegue a ser presidente del Gobierno».^[285]​^[286]​

El 4 de febrero se producían los incidentes de la Casa de Juntas de Guernica de 1981 (los diputados de Herri Batasuna interrumpieron el discurso del rey Juan Carlos I cantando con el puño en alto el himno Eusko Gudariak). Era el primer viaje que hacían los reyes al País Vasco.^[287]​^[288]​^[289]​^[290]​ Dos días después, el 6 de febrero, aparecía asesinado el ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, que había sido secuestrado el 29 de enero por ETA militar.^[291]​^[289]​^[292]​^[293]​ El 13 de febrero moría en el hospital penitenciario de Carabanchel el miembro de ETA Joseba Arregui, a causa de las torturas a las que había sido sometido.^[294]​^[295]​ Era la primera vez que ocurría desde la muerte de Franco.^[296]​

Sobre los incidentes de la Casa de Juntas el general Fernando de Santiago, que había sido vicepresidente del gobierno, publicó un artículo en El Alcázar titulado «Situación límite» en el que decía:^[287]​^[297]​

El espectáculo de Guernica es la muestra del estado de descomposición en que se encuentra España. Es intolerable y vejatorio todo lo que está pasando. En Guernica se insultó a España y al Rey, que ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, se ofendió a quienes nos honramos con sus uniformes… No podemos continuar impasibles ante tanto caos. En nuestra Patria no se respeta a nadie. La larga marcha de secuestros y de asesinatos de civiles, militares, guardias civiles, policías, etcétera, es la prueba más evidente de que aquí no hay autoridad y, por tanto, hay que restablecerla. Los partidos políticos no representan al pueblo en estos momentos. […] En nuestra historia hemos vivido momentos tan difíciles como el presente, pero siempre, en situaciones parecidas a ésta, hubo españoles que rescataron y salvaron a España.

El 8 de febrero el mismo diario publicaba un nuevo artículo del teniente general De Santiago (en cuya redacción también había intervenido el ultraderechista Juan García Carrés) titulado «Jornadas de meditación» en el que decía que «nunca el orgullo o la dignidad de los españoles había llegado a menos, aceptando con resignación y pasividad los asesinatos constantes del terrorismo, la quiebra económica, el paro creciente, la inseguridad ciudadana, el servilismo y la desorientación exterior y la incapacidad y la irresponsabilidad verbalista de los políticos. […] Se hace por ello necesario un colectivo enérgico, valeroso, desinteresado y solidario para que sea escuchado y atendido».^[227]​

Dos días antes, el 6 de febrero, el general Armada, que ya había sido nombrado 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército, cenó a solas con el rey en Viella (Valle de Arán) y la sobremesa, según el testimonio del secretario de la Casa Real Sabino Fernández Campo, se prolongó hasta las tres de la madrugada (Javier Cercas sitúa la cena en el Palacio de la Zarzuela).^[293]​^[298]​^[269]​ Armada le sugirió al monarca que lo propusiera a él como candidato a la presidencia del gobierno, sometiéndose a continuación a la votación de investidura del Congreso de los Diputados, tal como establecía la Constitución. No se sabe lo que le contestó el rey —Paul Preston sugiere que le recordaría a Armada que estaba obligado a escuchar las recomendaciones de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios—,^[293]​ pero no hay que descartar que dudara como lo probaría que tardara once días en presentar la candidatura de Leopoldo Calvo Sotelo, el elegido por UCD para sustituir a Suárez.^[299]​ Fue el 10 de febrero.^[300]​^[301]​ Paul Preston comenta: «Si en efecto [el rey] hubiera estado decidido a promover un gobierno de coalición presidido por el general Armada, este hubiera sido el momento para orientar a la élite política en tal dirección».^[246]​

La designación de Calvo Sotelo como candidato a la presidencia del Gobierno «fue el final de la Operación Armada, el final de la operación solamente política», afirma Javier Cercas.^[302]​ Roberto Muñoz Bolaños coincide con Cercas: la designación de Calvo Sotelo puso fin a lo que él llama la fase «constitucional» de la «Solución Armada» (y que Cercas denomina «la operación solamente política»). Comenzó entonces la fase «pseudoconstitucional» (en la terminología de Muñoz Bolaños) que desembocaría en el 23-F.^[303]​ Como ha destacado Cercas, ninguno de los conjurados renunció a sus expectativas por lo que «descongelaron» la operación militar usándola «a modo de ariete para imponer por la fuerza una receta política que no había podido imponerse por medios solamente políticos».^[300]​

De hecho, el general Armada aún hizo un último intento para salvar la «operación solamente política», como la llama Cercas. Consiguió reunirse con el Rey el 13 de febrero para intentar persuadirle de que se retractara de su decisión de designar a Calvo Sotelo. Según Paul Preston, «Armada llegó incluso al extremo de decir al Rey que su prestigio en las Fuerzas Armadas estaba en su punto más bajo desde su acceso al trono». Don Juan Carlos lo remitió al vicepresidente Gutiérrez Mellado y este recordó posteriormente que cuando Armada fue a verle estaba lleno de ira. Decía que el rey estaba cometiendo un inmenso error al aplicar mecánicamente la Constitución y proponer a un civil en el lugar de Suárez. Gutiérrez Mellado concluyó que Armada «por salvar la Corona, según sus criterios» estaba dispuesto a «aceptar soluciones contrarias a la persona de Su Majestad el Rey».^[304]​ Durante el juicio el general Armada pidió permiso al rey para poder desvelar lo que hablaron entonces, sólo en lo que le atañía personalmente, pero Juan Carlos no le contestó, lo que ha sido presentado por algunos autores como una prueba de la implicación del rey en el 23-F. Muñoz Bolaños considera que esa petición constituye una prueba de la autorización que el Rey dio a Armada para que "recondujera" cualquier operación golpista que tuviera lugar. Autorización que no implica que el Jefe del Estado estuviera en conocimiento de lo que iba a ocurrir^[305]​ Paul Preston ofrece otra explicación: «Sabino Fernández Campo sabía que otorgarlo [el permiso] permitiría a Armada decir lo que quisiera sin ninguna posibilidad de negarlo».^[306]​

El 16 de febrero —el 13 de febrero, según Juan Francisco Fuentes; en algún momento entre el 14 y el 16 de febrero, según Paul Preston—,^[307]​^[308]​ un enviado de Milans del Bosch, el coronel Diego Ibáñez Inglés, visitaba al general Armada en su nuevo despacho de 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército.^[309]​ «Fue una conversación breve, interrumpida por otras visitas, y más bien insustancial para lo que había en juego y la proximidad del golpe», según Fuentes.^[310]​ En ella, según Preston, «Armada accedió a regañadientes a dar luz verde a los planes urdidos en Madrid el 18 de enero pero aparcados durante un mes».^[311]​ Tejero, por su parte, se mostraba impaciente por actuar —el 18 de febrero telefoneó a Ibáñez Inglés para decirle que el plazo de treinta días que le había dado Milans para que triunfase la «Operación Armada» ya se había cumplido—.^[312]​^[308]​ Además Tejero había contactado, a través del capitán Vicente Gómez Iglesias de los servicios de inteligencia, a quien había conocido cuando estuvo destinado en el País Vasco, con el comandante José Luis Cortina, jefe de la Unidad Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID.^[310]​ El mismo día 18 en que habló por teléfono con el ayudante de Milans —el 12 de febrero, según Roberto Muñoz Bolaños—, Tejero cenó con los capitanes de la Guardia Civil con los que ya se había reunido anteriormente, para pedirles de nuevo que se sumaran a la operación del asalto al Congreso de los Diputados y aportaran las fuerzas que estaban bajo su mando (a la reunión también asistieron un grupo de tenientes que estaban a las órdenes del capitán Abad).^[313]​^[314]​ Poco después Tejero se puso en contacto con Valencia para informar de que estaba preparado para tomar el Congreso de los Diputados, a pesar de que ninguno de los capitanes con los que se había reunido se había mostrado dispuesto a participar en la operación. La fecha que tenía prevista era el lunes 23 de febrero, según Muñoz Bolaños,^[315]​ partiendo del hecho prácticamente seguro de que Calvo Sotelo no obtendría los votos necesarios en la sesión de investidura que se iba a celebrar el viernes 20.^[308]​

En el juicio Tejero dijo que el viernes 20 de febrero se entrevistó con Cortina en su casa, pero este lo negó. Según Tejero, Cortina se presentó como «el hombre de confianza de Armada» y le aseguró que no encontraría «mucha oposición» en el asalto del Congreso de los Diputados.^[316]​^[308]​ Tejero también declaró en el juicio que, gracias a la mediación del comandante Cortina, se reunió con el general Armada en la tarde-noche del sábado 21 de febrero, pero tanto Cortina como Armada negaron siempre que el encuentro se hubiera producido.^[317]​^[318]​^[319]​ En la reunión, según Tejero, Armada le dijo que cuando se produjera el asalto al Congreso de los Diputados él estaría en el Palacio de La Zarzuela junto al rey, «sujetándolo» porque «es voluble, aunque respalda esto».^[320]​^[321]​

El viernes 20 de febrero había tenido lugar en el Congreso de los Diputados la votación para investir a Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno,^[322]​^[323]​ pero no consiguió la mayoría absoluta necesaria,^[324]​^[325]​^[326]​ por lo que debía producirse una nueva votación cuarenta y ocho horas después, el día 22 de febrero, tal como establece el artículo 99.3 de la Constitución española. Como el 22 de febrero era domingo, el presidente del Congreso de los Diputados, Landelino Lavilla, decidió aplazar la segunda votación al lunes, 23 de febrero. Este último es el día que elegirán los conjurados para su tentativa de golpe de Estado.^[327]​^[328]​^[329]​ Ese mismo viernes 20 de febrero el corresponsal en Madrid de Paris Match había escrito: «En el aire se huele el golpe de estado, el pronunciamiento».^[330]​ Ya antes del verano Manuel Fraga, líder de Alianza Popular, había advertido: «si no se toman medidas, el golpe será inevitable».^[331]​

El domingo 22, el comandante Ricardo Pardo Zancada, destinado en la Brunete, viajó a Valencia y se entrevistó con Milans del Bosch. Este le dijo que estaba todo preparado y que el asalto al Congreso de los Diputados se produciría al día siguiente entre las seis y las seis y media de la tarde. Inmediatamente Milans declararía el estado de guerra en la III Región Militar y se pondría en contacto con el general Armada, que estaría en el Palacio de la Zarzuela junto al rey don Juan Carlos. Entonces informarían al resto de Capitanes Generales de que la operación se hacía en nombre del rey. Este nombraría al general Armada presidente del Gobierno y a Milans jefe del Estado Mayor del Ejército (o jefe de la Junta de jefes de Estado Mayor, según Paul Preston). Para que el plan funcionara era necesario que la División Acorazada Brunete controlara los puntos neurálgicos de Madrid, y vencer así la posible resistencia del capitán general de la I Región Militar, Guillermo Quintana Lacaci. De comandar la Brunete se encargaría el general Luis Torres Rojas, que se desplazaría a la capital desde su destino en La Coruña. En medio de la conversación sonó el teléfono. Pardo Zancada dedujo que el que llamaba era el general Armada porque cuando descolgó el aparato Milans dijo: «¿Sí? Soy yo, Alfonso; puedes hablar». A Pardo Zancada le pareció entender que estaban confirmando el plan dispuesto para el día siguiente (aunque existen ciertas dudas sobre si la llamada tuvo realmente lugar y no fue en realidad una invención de Pardo Zancada). Milans se despidió del comandante diciéndole que cuando llegara a Madrid se pusiera en contacto con el coronel José Ignacio San Martín, jefe del Estado Mayor de la Brunete. El encuentro tuvo lugar a medianoche.^[332]​^[333]​ Tanto Pardo Zancada como San Martín estaban preocupados por el grado de improvisación con que se había preparado el golpe.^[334]​

Ese mismo domingo 22 de febrero el diario El Alcázar había publicado en portada una enorme fotografía del hemiciclo vacío del Congreso de los Diputados con una gruesa flecha señalándolo que contenía la frase «Todo dispuesto para la sesión del lunes». Según Javier Cercas, esta portada probaría que «al menos el director de El Alcázar y alguno de sus colaboradores» conocían lo que iba ocurrir.^[335]​

Según Ricardo Muñoz Bolaños, el golpe no solo estaba escasamente preparado, «sino que tenía errores de diseño. El primero, la utilización de la acción de Tejero para alcanzar la Presidencia del Gobierno. Este era partidario de una Junta Militar [presidida por Milans del Bosch]… Esto significaba que no tenía ningún respeto por la democracia ni por sus representantes, como quedó patente durante el golpe de Estado. […] El segundo error era el tipo de operación elegido. […] Armada optó por "monitorizar" el plan de Tejero, que suponía la retención ilegal de los representantes populares con el objetivo de que posteriormente le eligiesen a él como presidente para salvar la democracia. Pero dicho nombramiento siempre estaría bajo sospecha, pues se habría producido bajo la amenaza de las armas. […] Por tanto, Armada diseñó mal la operación, y en ese errático diseño estuvo una de las causas de su fracaso. Sin embargo, y esto resulta paradójico, la suma de acontecimientos que se sucedieron en la tarde-noche del 23 de febrero estuvieron a punto de hacerla triunfar».^[336]​

El golpe de Estado comenzó a las 18:23 horas del lunes 23 de febrero con el asalto al Congreso de los Diputados por los guardias civiles comandados por el teniente coronel Antonio Tejero Molina, que fue seguido de la proclamación por el capitán general Jaime Milans del Bosch del estado de excepción en la III Región Militar con sede en Valencia. Pero los siguientes tres pasos planificados por los golpistas fueron neutralizados por la intervención de La Zarzuela: ningún capitán general secundó a Milans del Bosch y proclamó el estado de excepción (el rey Juan Carlos I habló con todos ellos para que no secundaran el golpe); la División Acorazada Brunete no se movilizó (el capitán general de Madrid Guillermo Quintana Lacaci, siguiendo las órdenes del rey, hizo volver a las unidades que ya se disponían a ocupar Madrid); y el general Alfonso Armada no consiguió el permiso del rey para ir a La Zarzuela y estar junto a él, lo que pretendía servir de coartada al golpe. Se creó así una situación de ‘’impasse’’ que se rompió hacia las 21:00 h cuando Milans habló con Armada y le propuso una variante del plan inicial: que fuera al Palacio de las Cortes y consiguiera que los diputados aprobaran el gobierno de concentración previsto presidido por él a cambio del fin del secuestro del Congreso de los Diputados y de la retirada de los tanques que, siguiendo sus órdenes, ya ocupaban Valencia.

El general Armada obtuvo el permiso para entrevistarse a «título personal» con Tejero, pero este rechazó la propuesta del gobierno de concentración que calificó de «chapuza» cuando conoció que lo integraban representantes de todos los partidos (él esperaba que se constituyera una Junta Militar). Así que no permitió que Armada pudiera dirigirse a los diputados. A la 1:14 de la madrugada del martes 24 de febrero, cuando Armada aún se encontraba discutiendo agriamente con Tejero, TVE emitía el mensaje del rey Juan Carlos (grabado una hora antes) en el que este manifestaba su radical oposición al golpe («La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum», decía el final del mensaje). Milans entonces ordenó retirar los tanques de Valencia, aunque aún tardó varias horas en levantar el estado de excepción. A primera hora de la mañana se negociaban las condiciones de la rendición de las fuerzas que ocupaban el Congreso (a las que se había unido una columna de la Brunete al mando del comandante Ricardo Pardo Zancada) y a las 11:25 se firmaba el «pacto del capó». Media hora después comenzaban a abandonar el Palacio de las Cortes los diputados y los miembros del gobierno secuestrados. «Eran las doce en punto de la mañana de un martes helado y brumoso. Acababan de transcurrir las diecisiete horas y media más confusas y decisivas del último medio siglo de historia de España y el golpe del 23 de febrero había terminado», escribió Javier Cercas en 2009.^[337]​

9:00 h Parque Automovilístico de la Guardia Civil (Madrid) Tejero consigue los seis conductores que necesita para trasladar en autobús a los guardias civiles que van a participar en el asalto del Congreso de los Diputados

El teniente coronel Antonio Tejero le pide al coronel Miguel Manchado, responsable de la Unidad de Tráfico y conocido suyo, que le proporcione seis conductores y dos mecánicos que los necesita para antes de las dos de la tarde (para traer los autobuses que Tejero había comprado y que se encontraban en una nave de Fuenlabrada). «No puedes negarte. Es una operación a nivel nacional. Nos sigue todo el Ejército y el rey detrás, respaldando», le dice Tejero. Este convierte el despacho de Manchado en su cuartel general.^[338]​^[339]​

9:00 h (circa) Capitanía de la III Región Militar (Valencia) Milans del Bosch prepara la declaración del estado de excepción

El Estado Mayor de la III Región Militar prepara las "alertas rojas" que se distribuirán entre las guarniciones de Castellón y de Valencia para que controlen los puntos estratégicos que se les asignen.^[340]​ Se «justificarán» aduciendo que se había recibido información confidencial sobre un levantamiento armado en Valencia del sector prosoviético del PCE^[341]​ y también sobre la existencia de un comando de ETA en la misma ciudad. Poco después el capitán general Milans del Bosch comienza a redactar, junto con su ayudante el coronel Ibáñez Inglés, el bando de proclamación del estado de guerra en toda la demarcación. Se alegará la existencia de un «vacío de poder» tras la toma prevista del Congreso de los Diputados por las fuerzas de Tejero. Según el testimonio posterior de Milans, el texto estaba inspirado en el bando de guerra del general Mola de julio de 1936. A continuación —eran las 10:30 h—^[342]​ reunió a sus ayudantes para informarles que en Madrid se iba producir «un hecho muy importante» a consecuencia del cual se iba a formar un gobierno presidido por el general Armada y que él iba a ser nombrado presidente de la Junta de jefes de Estado Mayor. «El rey está al corriente», añadió. Después Ibáñez Inglés les leyó el bando.^[343]​^[344]​^[334]​ Más tarde se enviaban a los jefes militares sobres lacrados con las órdenes que debían cumplir una vez recibieran por el teletipo una palabra clave: «Miguelete».^[345]​^[342]​

15:00 h Cuartel General de la División Acorazada Brunete (El Pardo, Madrid) El general Torres Rojas llega desde La Coruña

Tras recogerle en el aeropuerto de Barajas hacia las 14:00 h,^[346]​^[347]​ el comandante Ricardo Pardo Zancada lleva al general Luis Torres Rojas al Cuartel General de la División (allí es saludado por muchos oficiales que estuvieron bajo sus órdenes durante el tiempo en que mandó la Brunete). Horas antes Pardo Zancada le había llamado por teléfono para que se desplazara a Madrid desde La Coruña donde está destinado. Aunque Milans le había explicado todo el operativo y su papel en él, se había mostrado reticente y solo se convenció cuando Pardo Zancada le dijo: «Es que el más alto quiere que se haga». Poco antes de salir del aeropuerto Pardo Zancada le había ordenado a un capitán que contactara con el coronel José Ignacio San Martín, jefe del Alto Estado Mayor de la Brunete y que estaba comprometido con el golpe, para decirle que regresara con el jefe de la División, el general José Juste Fernández (la contraseña que debía darle era «la bandeja está grabada»). Ambos se dirigían al campo de San Gregorio (Zaragoza) donde unidades de la Acorazada iban a realizar unas maniobras. El general Juste, a diferencia de San Martín, no sabía nada del golpe (precisamente para asegurarse que lo apoyara habían hecho venir desde La Coruña al general Torres Rojas, su antecesor en el mando).^[348]​^[349]​^[350]​ Para convencer al general Juste para que regresaran a Madrid el coronel San Martín le dice: «Mi general, ocurren cosas graves en la División… Posiblemente hay un movimiento militar en alguna región militar. Era previsible».^[347]​

16:30 h Parque Automovilístico de la Guardia Civil (Madrid) Tejero recluta los guardias civiles para el asalto al Congreso

Se presenta en el Parque el capitán del CESID Vicente Gómez Iglesias y consigue vencer las últimas resistencias que habían manifestado algunos oficiales, entre ellos el capitán Pedro Abad Gutiérrez, para participar en la operación de Tejero.^[351]​ Se reúne en el patio a los guardias civiles para pedir voluntarios. Tejero los arenga —según Juan Francisco Fuentes es el capitán Gómez Iglesias quien les lanza la soflama: «servicio a España, defensa de la Corona, un Gobierno fuerte, acabar con ETA», son los argumentos—^[338]​ y consigue que ochenta y cinco (cinco suboficiales, ocho cabos primero y setenta y dos guardias) den un paso al frente. Por su parte el capitán Abad suma su unidad de la Agrupación Tráfico al operativo: siete suboficiales, veintitrés cabos y noventa y cinco guardias. También se unen cincuenta y cuatro guardias y un suboficial de la Academia de Tráfico. Como los autocares que Tejero había comprado no llegaban le pidió al coronel Manchado que le proporcionara seis autobuses de la Guardia Civil.^[352]​

16:50 h Cuartel General de la División Acorazada Brunete (El Pardo, Madrid) La División Acorazada Brunete se suma al golpe

Cuando el general Juste y el coronel San Martín llegan al Cuartel General Pardo Zancada les informa que se va celebrar una reunión de mandos a la que también asistirá el general Torres Rojas, que se encuentra de visita (lo que no deja de extrañarle al general Juste). Pardo Zancada informa a la docena de generales y jefes presentes de la reunión que había mantenido el día anterior con el teniente general Milans del Bosch (que también había mandado la Brunete) y de la operación que está en marcha y que cuenta con el beneplácito del rey y del general Armada. Ante las dudas del general Juste (el coronel San Martín —o el comandante Pardo Zancada—^[353]​ le disuade de su intención de llamar a su superior, el capitán general de Madrid Guillermo Quintana Lacaci),^[354]​ el general Torras Rojas le susurra al oído, sin que nadie más lo oyera: «Mira, Juste, si no mandas tú, tendré que mandar yo. Es el deseo del rey». Finalmente Juste accedió: «Bueno, pues adelante». El coronel San Martín —según Javier Cercas, fue el comandante Pardo Zancada—^[355]​^[356]​ redactó inmediatamente las órdenes de movilización para las diversas unidades de la División especificando sus objetivos (formaban parte de un plan muy detallado para la ocupación militar de Madrid). Los mandos salen del Cuartel General para dirigirse a sus unidades a las que previamente les han ordenado por teléfono repostar y municionar.^[357]​^[358]​^[359]​

17:30 h Parque Automovilístico de la Guardia Civil (Madrid) / Primera Comandancia Móvil de la Guardia Civil (Valdemoro, Madrid) El grupo de Tejero sale hacia el Congreso de los Diputados

Salen del Parque Automovilístico de la calle Príncipe de Vergara seis autobuses^[360]​ con los guardias civiles que Tejero ha logrado reclutar. Al mismo tiempo sale un autobús de la Primera Comandancia Móvil de la Guardia de Valdemoro llevando a veinticinco guardias, incluidos tres oficiales,^[361]​ que ha reclutado el capitán Jesús Muñecas Aguilar, gran amigo de Tejero (y que solo cuando están llegando al Palacio de las Cortes les informa que van a tomarlo para prestarle un gran servicio a la Corona). En total son 445 guardias civiles, entre ellos 17 oficiales y 28 suboficiales.^[362]​ Javier Cercas reduce su número: 16 oficiales y 170 suboficiales y clases de tropa.^[363]​ En la parte final del recorrido los autobuses fueron precedidos por coches camuflados del CESID (llevaban matrículas falsas) conducidos por hombres del comandante Cortina (el sargento Miguel Sales Maroto, el cabo Rafael Monge Segura y el guardia civil segundo José Moya Gómez; en el que precedía el convoy de Tejero iba el capitán Gómez Iglesias, dirigiendo la operación)^[364]​. Su finalidad habría sido «desbrozar su camino» previniéndolos «de los obstáculos que pudieran encontrar».^[365]​ El autobús del capitán Muñecas llegaría al Congreso de los Diputados más tarde cuando el asalto ya se había producido.^[366]​

17:30 h Capitanía General de la III Región Militar (Valencia) Milans del Bosch da las últimas instrucciones

Milans del Bosch reúne en su despacho a los generales y jefes destinados en Valencia para explicarles lo que ocurrirá una hora después (el asalto al Congreso, el despliegue de la Brunete en Madrid, la declaración del estado de excepción en la III Región Militar, el nombramiento del general Armada como nueve jefe de Gobierno y de él mismo como jefe de la Junta de jefes de Estado Mayor) y que todo ello se hace con la anuencia del rey. Media hora después abandonan el despacho para dirigirse a sus unidades e iniciar las operaciones.^[367]​^[368]​ A las 17:00 h Milans había hablado con el capitán general de la II Región Militar Pedro Merry Gordon quien en principio se niega a secundar sus planes y declarar el estado de excepción en su demarcación porque no se le ha consultado con el debido tiempo y porque Milans ha asumido una jefatura militar que no le corresponde, ya que Merry Gordon está por encima de él en el escalafón del generalato. «Mira Jaime, a mí esto no se me hace. Informarme una hora antes de un asunto así, eso sí que no. Por ahí no paso. No cuentes conmigo, Jaime. Quedo enterado y tomo nota. Además, te adelanto que eso está condenado al fracaso», le dijo Merry Gordon a Milans.^[369]​

18:23 h Congreso de los Diputados (Madrid). Asalto al Congreso de los Diputados encabezado por Tejero. Empieza el golpe

Cuando se estaba produciendo la segunda votación nominal para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno^[370]​^[371]​ e iba a emitir su voto el diputado socialista Manuel Núñez Encabo,^[372]​ irrumpe en el hemiciclo el teniente coronel Antonio Tejero pistola en mano.^[373]​^[374]​^[375]​^[376]​^[377]​ Desde la tribuna grita «¡Quieto todo el mundo!» [sic]. Aparecen varios guardias civiles armados y se oye el grito «¡Al suelo todo el mundo!».^[378]​

Como militar de más alta graduación allí presente y como vicepresidente del Gobierno, el teniente general del Ejército de Tierra Gutiérrez Mellado se levanta inmediatamente, se dirige al teniente coronel Tejero y le ordena que se ponga firmes y le entregue el arma. El presidente del Gobierno Adolfo Suárez hace ademán de ayudar a Gutiérrez Mellado. Tejero baja de la tribuna y le dice: «¡Siéntese, diputado!» (Gutiérrez Mellado no lo había sido nunca).^[379]​ Tras un breve forcejeo de Gutiérrez Mellado con varios guardias civiles, Tejero efectúa un disparo al aire que es seguido por ráfagas de los subfusiles de los asaltantes.^[380]​^[381]​

Los disparos provocaron algunos orificios en el techo del hemiciclo, cuyas esquirlas causaron heridas leves en un diputado y algún invitado en la tribuna^[382]​ (en un informe realizado en diciembre de 1981 por el arquitecto conservador se identificaron un total de 37 señales, de las cuales 23 estaban en la bóveda del hemiciclo y 14 en la galería de tribunas)^[383]​^[384]​^[385]​ Sin inmutarse, con los brazos en jarras, el teniente general permaneció indiferente al sonido de las armas. Mientras los diputados y miembros del gobierno se tiraban al suelo, solo tres personas no lo hicieron: el diputado comunista Santiago Carrillo —«¡No me sale de los cojones!» le dijo a su compañera de partido Eulalia Vintró cuando esta le hizo un gesto para que se tirara al suelo; «Pavía llega antes de lo que esperaba», comentó—^[386]​^[387]​, Adolfo Suárez que siguió sentado en el escaño del presidente del Gobierno «en actitud impasible casi retadora» y el teniente general Gutiérrez Mellado que siguió de pie.^[386]​ Entonces, Tejero se dirige a Gutiérrez Mellado, le zarandea y le pone la zancadilla, sin conseguir que el teniente general caiga al suelo. Finalmente, Gutiérrez Mellado a petición de Suárez vuelve a su escaño. Ambos siguen sentados.^[388]​^[389]​ Tejero va a la tribuna empuñando amenazante con la mano derecha la pistola y con la mano izquierda extendida pidiendo calma (esa imagen es la que captará Manuel Pérez Barriopedro en una fotografía que dará la vuelta al mundo, convertida en el gran icono del golpe).^[390]​^[391]​

Aunque la sesión no estaba siendo emitida por televisión en directo, toda la escena está siendo grabada por el operador de TVE Pedro Francisco Martín, aportando al mundo un documento audiovisual de valor incalculable.^[392]​ Las imágenes se emitirán por TVE una vez fracasado el golpe.^[393]​^[394]​ La que sí estaba emitiendo en directo la sesión era la Cadena SER. Mariano Revilla —técnico— y Rafael Luis Díaz —periodista— relataron el asalto desde el interior del Congreso y consiguieron dejar micrófonos conectados para grabar el sonido ambiente.^[395]​ Aquella noche será recordada como «la noche de los transistores», debido a que buena parte de la población la pasó conectada a la radio siguiendo los acontecimientos.^[396]​^[397]​^[398]​ «Tejero tenía órdenes de que la ocupación del Congreso fuera incruenta y discreta… Milagrosamente Tejero consiguió que la ocupación fuera incruenta, pero no que fuera discreta, y ése fue el primer problema para los golpistas, porque un tiroteo en el hemiciclo del Congreso retransmitido en directo por radio a todo el país dotaba de una escenografía de golpe duro a lo que que quería ser un golpe blando o mantener la apariencia de golpe blando y dificultaba que el Rey, la clase política y la ciudadanía transigiesen con él».^[399]​

18:30 h (circa) Capitanía General de la III Región Militar (Valencia) Milans proclama el estado de excepción en la III Región Militar e intenta que el resto de capitanes generales le secunden

Tras recibir la contraseña acordada con Tejero («Naranjas») de que todo estaba saliendo según lo planeado,^[400]​ el capitán general Jaime Milans del Bosch proclama el estado de excepción en la III Región Militar y ordena el despliegue de la División Motorizada Maestrazgo por las calles de Valencia, con dos millares de hombres y cincuenta carros de combate. Sus objetivos son los edificios institucionales, como el Ayuntamiento o el Gobierno Civil. La llamada «Operación Turia», era clave para que otras regiones militares se incorporasen al golpe de Estado.^[401]​^[402]​ Enseguida, las emisoras de radio valencianas son obligadas a emitir el bando^{[nota 7]}​ de Milans del Bosch en el que declaraba el estado de excepción.^[404]​ Milans comienza a contactar con el resto de Capitanías y, aunque ningún capitán general le secunda en la declaración del estado de excepción, sí consigue que cinco se mantengan a la expectativa esperando acontecimientos: Merry Gordon (que preparado para la acción se había vestido con el uniforme de legionario),^[405]​ jefe de la II (Sevilla); Elícegui, de la V (Zaragoza); Campano, de la VII (Valladolid), Fernández Posse de la VIII (La Coruña) y De la Torre Pascual de Baleares.^[406]​^[407]​^[408]​ Cuando habló con el capitán general de Madrid, Guillermo Quintana Lacaci —uno de los pocos decantado claramente en apoyo del orden constitucional porque el rey así se lo ha ordenado—, este le dijo intentando disuadirle: «Jaime: eso es la guerra civil, y tú y yo ya la hemos hecho».^[409]​ Solo desobedeció las órdenes de Milans el Ala 11 con sede en la base aérea de Manises y este decidió enviar una columna blindada para convencer a su jefe de que se sumase al golpe, pero este no solo no lo hizo, sino que amenazó incluso con desplegar dos cazas equipados con misiles aire-tierra contra los tanques, optando estos por regresar.^[410]​ El jefe del Ala 11 era el coronel Luis Delgado Sánchez Arjona, que había sido compañero de promoción del rey Juan Carlos.^[411]​ Juan Francisco Fuentes considera que «tan solo con que Milans hubiera arrastrado a otro capitán general, el efecto dominó podría haber alcanzado a la mayoría de las regiones militares».^[412]​ Mientras los tanques fueron tomando posiciones frente a los edificios públicos importantes de Valencia, «en las sedes de los sindicatos y los partidos políticos se hacían esfuerzos frenéticos para destruir los archivos de afiliados y otros documentos que pudieran facilitar posteriores purgas a manos de la extrema derecha».^[413]​

18:40 h Congreso de los Diputados (Madrid) Esperando la llegada de la «autoridad competente, militar por supuesto»

Los diputados comienzan a incorporarse en sus asientos, aunque se les ordena que las manos estén a la vista.^[414]​ El capitán de la Guardia Civil Muñecas Aguilar, hombre de confianza y amigo de Tejero, se dirige a la tribuna de oradores y anuncia que deben esperar hasta la llegada de la «autoridad competente, militar, por supuesto», «que dispondrá lo que tenga que ser». Insiste en que estén todos tranquilos.^[415]​^[416]​^[417]​^[359]​

18:40 h Cuartel General de División Acorazada Brunete (El Pardo, Madrid) / Capitanía General de Madrid Quintana Lacaci ordena la vuelta a los cuarteles de la Brunete

Aunque ha ordenado el despliegue de la División en cuanto ha conocido lo que ha sucedido en el Congreso de los Diputados, el general Juste aún tiene dudas sobre lo que está pasando y decide confirmar que el general Armada está efectivamente junto al rey. Llama al Palacio de la Zarzuela (según Javier Cercas, fue al revés: es Sabino Fernández Campo, consciente de que la Brunete es clave para el triunfo o el fracaso del golpe, quien llama a Juste)^[418]​ y cuando pregunta por Armada el secretario de la Casa Real, general Sabino Fernández Campo, le responde: «Ni está ni se le espera»^[419]​^[420]​ («No es de extrañar que la respuesta de Sabino a Juste pasara a la historia como la gran frase del 23-F, porque con ella empezó a derrumbarse toda la estrategia conspirativa encaminada a implicar a la Corona en la intentona», afirma Juan Francisco Fuentes). Juste le contesta: «Ah, eso lo cambia todo»; y después cuelga.^[421]​^[422]​ Entonces Juste —que acaba de comprender que Torres Rojas, San Martín y Pardo Zancada le han engañado y que el rey no avala la operación—^[423]​^[420]​ telefonea al capitán general de la I Región Militar, Guillermo Quintana Lacaci, a quien le pregunta si le había llamado Milans del Bosch. Cuando este le contesta «¿Para qué tenía que llamarme?» Juste confirma sus sospechas. Y cuando este le dice que en el Cuartel General de la Brunete está Torres Rojas, Quintana Lacaci le responde «Ten cuidado con él». Finalmente Quintana Lacaci, quien se ha puesto sin titubeos a las órdenes del rey quien desde el Palacio de la Zarzuela le ha ordenado que no mueva sus tropas,^[424]​ le ordena a Juste que aborte la salida de unidades y él personalmente llama a los mandos para dar contraorden.^[425]​^[426]​^[427]​ Una unidad de tanques ya se dirigía hacia el centro de Madrid y Quintana Lacaci les hizo regresar. Sin embargo, no consiguió impedir que una columna del Regimiento de Caballería Villaviciosa 14 ocupara las instalaciones de TVE en Prado del Rey.^[428]​^[429]​ Tiempo después del golpe, el general Quintana Lacaci, cuya actuación fue clave para hacer fracasar la asonada, declaró: «El rey me mandó parar el golpe y lo paré. Si me hubiera ordenado asaltar el Congreso, lo habría hecho». El historiador Juan Francisco Fuentes comenta: «La lealtad al rey, incluso más que a la Corona, no digamos a la Constitución, era lo único que podía hacer fracasar el golpe de Estado».^[430]​

18:40 h (circa) Palacio de la Zarzuela (Madrid) El rey se pone en contacto con los capitanes generales para asegurarse que no secundan el golpe

El rey Juan Carlos I y los miembros del personal de la Zarzuela, encabezados por el general Sabino Fernández Campo (secretario de la Casa Real), comienzan a contactar con los mandos militares para asegurarse que no secundan el golpe.^[431]​ La primera llamada es al general José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, con quien habla el rey personalmente. Son las 18:40. Cinco minutos después el rey telefonea al general Merry Gordon, capitán general de la II Región Militar (Sevilla), con quien poco antes había hablado Milans del Bosch. A diferencia de Gabeiras, Merry Gordon no se pone a las órdenes del rey y se mantiene a la expectativa —«optó por vestirse de legionario e ingerir tales cantidades de alcohol que tuvo que retirarse a descansar»—^[432]​^[433]​. Los siguientes en ser contactados son los capitanes generales de Canarias (es él el que llama al Palacio de la Zarzuela a las 19:00 h y le dice al rey: «Yo obedeceré las órdenes de Vuestra Majestad, pero es una pena»)^[434]​^[435]​ y Baleares. Este último, Manuel de la Torre Pascual (amigo personal de Pedro Mas Oliver, teniente coronel ayudante de campo de Milans del Bosch, con quien precisamente acaba de hablar) había mostrado cierta ambigüedad cuando le dice al presidente del Consejo General Interinsular (CGI)^{[nota 8]}​ Jerónimo Albertí: «Estamos atentos pero tranquilos, aunque dispuestos a sacar las tropas a la calle si la situación lo requiere». Las llamadas siguientes son más escalonadas. Hacia las 20:00 el rey habla con el capitán general de la VII Región Militar (Valladolid) —otro muy dudoso en su lealtad a la Constitución— y con el de la V Región Militar (Zaragoza), también dudoso,^[432]​ a quien el rey le dice: «Elícegui, se está utilizando mi nombre en falso». Hacia las 21 h contacta con el capitán general de la VIII Región Militar (La Coruña) y con el de la VI (Burgos). No consta a qué hora habló el rey con el capitán general de la I Región Militar, Guillermo Quintana Lacaci, pero debió ser de los primeros.^[436]​^[437]​^{[nota 9]}​ Desde La Zarzuela también se llamó a Milans del Bosch (quien intenta quitarle importancia a la declaración del estado de excepción) y a Tejero (Sabino Fernández Campo le dice: «¿Qué es lo que pretendes? Depón tu actitud inmediatamente». Tejero responde: «No recibo más órdenes que las del general Milans del Bosch». A lo que Fernández Campo replica: «Pero tú has invocado el nombre del Rey. ¿Por qué, por qué?». Tejero cuelga el teléfono sin contestar).^[438]​^[439]​^[427]​^[440]​ El historiador Juan Francisco Fuentes considera que la actuación del rey «a través de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas fue decisiva para revertir una posible inercia a favor del golpe».^[441]​ Según Javier Cercas, el rey paró el golpe «por la sencilla razón de que era la única persona que podía pararlo».^[442]​ Para ello el rey contó con la lealtad y el apoyo de la Junta de jefes de Estado Mayor (JUJEM), presidida por el general Ignacio Alfaro Arregui, y en la que desempeñó un papel destacado el teniente general Gabeiras, así como la del «gobierno interino» que se formó con los Secretarios de Estado y Subsecretarios, presidido por Francisco Laína, director general de la Seguridad del Estado. En este sentido, como ha señalado también Juan Francisco Fuentes, «conviene destacar la capacidad de reacción de las instituciones, o de lo que quedaba de ellas, muy superior a lo que esperaban los golpistas, convencidos de que el secuestro del Gobierno y del Parlamento bastaría para anular cualquier respuesta del Estado constitucional».^[441]​ Según Roberto Muñoz Bolaños, los capitanes generales no se unieron a Milans porque no alcanzaron una posición común sobre lo que tenían que hacer («Milans del Bosch y González del Yerro eran primus inter pares, pero no tenían el carisma suficiente para encabezar a todo el Ejército») y no porque obedecieran al rey («la opinión del Jefe del Estado no era tan importante para estos militares», afirma Muñoz Bolaños).^[443]​ Sin embargo, esta tesis de Muñoz Bolaños —apoyada sobre el testimonio del general Armada—, no compartida por ningún otro autor,^[441]​^[442]​^[444]​^[445]​ se contradice con lo que afirmó el capitán general de la I Región Militar Guillermo Quintana Lacaci, cuya actuación fue clave para el fracaso del 23-F: «El rey me mandó parar el golpe y lo paré. Si me hubiera ordenado asaltar el Congreso, lo habría hecho».^[430]​^[446]​^[447]​ La reina Sofía le dijo a la periodista Pilar Urbano quince años después:^[448]​

La televisión tuvo importancia, pero a esa hora el Rey ya se había hecho con el mando de la situación. El golpe no se paró en seco, por tal orden en tal momento: el Rey lo fue parando a base de hablar una y otra vez con este, con el otro... ¡con todos! Y eso lo hizo por teléfono, con varios teléfonos. Yo diría que el golpe lo rompió el Rey con el teléfono y con su autoridad moral sobre los militares.

18:45 h (circa) Palacio de la Zarzuela (Madrid) El general Armada fracasa en su intento de acudir al Palacio de la Zarzuela

El rey Juan Carlos telefonea al general Armada al Cuartel General del Ejército para recabar información y pedirle consejo (Armada había sido secretario de la Casa Real durante muchos años y en los últimos tiempos había vuelto a ganarse la confianza del rey). El general Armada, que esperaba con impaciencia la llamada, se ofrece para ir al Palacio de la Zarzuela para explicarle más detalladamente la situación, pero en ese momento entra en el despacho de don Juan Carlos el general Sabino Fernández Campo que acaba de hablar con el general Juste y de cuya conversación ha deducido que Armada puede estar implicado en el golpe. Entonces Sabino se pone al teléfono y le dice al general Armada: «No, Alfonso. Quédate ahí. Si te necesitamos ya te llamaremos».^[449]​^[450]​^[420]​^[451]​ El general Armada tuvo que permanecer en el Cuartel General del Ejército, «con lo que el antiguo secretario no pudo acercarse al monarca y la pieza fundamental del golpe no encontró su punto de encaje», afirma Javier Cercas.^[449]​ Juan Francisco Fuentes coincide: «impedir que Armada se encontrara con el rey al principio del golpe fue el primer gran éxito del gabinete de crisis constituido en la Zarzuela. De no haber sido así, se habría confirmado que, como sostenían sus principales artífices, la operación contaba con el respaldo de la Corona. […] Era su gran empeño: que todo el mundo supiera que en aquel momento crucial estaba en la Zarzuela despachando con el rey, quien, sin saberlo, se convertiría así en su gran valedor».^[452]​ «La decisión del Monarca, sumada a la forma en que Tejero había entrado en el Congreso de los Diputados y a la negativa de los capitanes generales a apoyar a Milans del Bosch, truncó definitivamente la operación tal y como había sido planteada inicialmente», ha afirmado Roberto Muñoz Bolaños.^[453]​ Fue así como pasados unos minutos desde su inicio «el golpe embarrancó», concluye Cercas.^[454]​

19:15 h (circa) Exterior del Congreso de los Diputados (Madrid)/Palacio de la Zarzuela (Madrid) La diputada Anna Balletbò habla por teléfono con el rey

La diputada socialista catalana Anna Balletbò, que estaba embarazada de cuatro meses de gemelos, consigue que debido a su estado le dejen abandonar el Congreso de los Diputados. Desde los cercanos locales de los grupos parlamentarios socialistas en Marqués de Cubas intenta contactar con el Palacio de la Zarzuela, pero como no sabe el número antes llama al presidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol que es quien se lo facilita («Es una buena idea. También llamaré yo», le dice Pujol). Alrededor de las 19:15 fue cuando pudo hablar con el Rey, quien enseguida le pidió que le contara todo lo que había pasado dentro del Congreso de los Diputados. También hizo el comentario: «Alguien se ha puesto nervioso y se ha precipitado». La diputada le preguntó a don Juan Carlos qué pensaba hacer y este le respondió: «El Rey está al servicio de los más altos intereses de España», y al añadir ella «¿y?» prosiguió: «y de la democracia».^[455]​^[456]​

19:15 h Exterior del Congreso de los Diputados (Madrid) Fracasa el intento del director general de la Guardia Civil para que Tejero depusiera su actitud

El director general de la Guardia Civil, general José Luis Aramburu Topete, regresa del Congreso de los Diputados a donde había ido desde el Hotel Palace, puesto de mando de las fuerzas leales,^[457]​ para intentar convencer a Tejero que depusiera su actitud, pero este no solo no había obedecido sus órdenes, sino que le había amenazado con pegarle un tiro y luego suicidarse («Mi general, antes que entregarme le pego un tiro y después me mato»),^[458]​^[440]​ mientras uno de los guardias montaba su arma de forma intimidatoria —Aramburu entonces intenta sacar su arma, pero uno de sus ayudantes le sujeta el brazo—.^[459]​^[460]​^[461]​ Poco antes del intento del general Aramburu, el coronel Félix Alcalá-Galiano Pérez, enviado del general Gabeiras («Vea si puede reducir a Tejero sin producir reacción violenta de este», le había dicho), había fracasado también en su propósito de conseguir que Tejero se retirara del Congreso de los Diputados.^[462]​ En el momento en que Aramburu regresó al Palace la Carrera de San Jerónimo estaba llena de medios de comunicación y de fuerzas de orden público. Cuando llegó al hotel les dijo al general José Antonio Sáenz de Santamaría, inspector general de la Policía Nacional, y al gobernador civil de Madrid Mariano Nicolás que Tejero no reconocía otra autoridad que la del rey y la de los generales Milans del Bosch y Alfonso Armada. Por eso Aramburu le pidió a sus ayudantes que le pusieran en contacto inmediatamente con el general Armada, a quien localizaron en su despacho de 2.º jefe del Alto Estado Mayor. Pero su superior el general Gabeiras no dejó ir a Armada al Palace —solo situado a trescientos metros del Cuartel General del Ejército— porque lo necesitaba allí, ya que él tenía que acudir a la reunión de la Junta de jefes de Estado Mayor.^[459]​ Según Juan Francisco Fuentes, el fracasado intento del general Aramburu de detener a Tejero se produjo casi una hora después, hacia las 19:50 h.^[460]​ Tras el fracaso del general Aramburu, fue Francisco Laína, director general de la Seguridad del Estado, quien telefoneó a Tejero: «Hablo con el teniente coronel Tejero por teléfono y le conmino a que deponga su actitud, al no haberlo hecho ante el general Aramburu. Se niega a ello y me dice que él no acata más órdenes que las de Milans del Bosch, capitán general de Valencia, y las del general Armada, y corta la conversación colgando el teléfono».^[463]​^[440]​

19:35 h Congreso de los Diputados (Madrid) El presidente Suárez es sacado del hemiciclo por Tejero

El presidente Suárez se levanta del banco azul y exige hablar con el que manda la fuerza. Se oyen unos gritos y un guardia civil pide tranquilidad a los diputados, amenazando con la metralleta. Uno de los asaltantes dice: «Señor Suárez, permanezca en su escaño». El presidente comienza a hablar cuando alguien grita: «¡Se siente, coño!».^[464]​^[465]​^[466]​ Tradicionalmente se ha atribuido esta frase al teniente coronel Tejero, aunque probablemente la pronunciara el teniente Ramos Rueda.^[467]​ Poco después se presenta Tejero en el salón de sesiones, coge por el brazo al presidente Suárez y lo saca del hemiciclo.^[468]​^[469]​^[470]​ Se dirigen al cuarto de ujieres, donde Suárez le pide a Tejero que le explique «¡qué locura es ésta!». Tejero se limita a decir que era «todo por España». Ante la insistencia de Suárez, Tejero le replica: «Tú ya no eres presidente de nada».^[471]​^[472]​ Suárez queda confinado en esa pequeña sala de ujieres, custodiado por un guardia que es relevado periódicamente. La orden que les ha dado Tejero es que «sobre todo, no [le] escucharan». Suárez no se calló. De vez en cuando pasaba por allí Tejero y en una ocasión se produjo un duro enfrentamiento entre ambos. Suárez se puso de pie y Tejero lo encañonó con su pistola. El presidente no se arredró y le ordenó: «¡Cuádrese!».^[473]​ Tejero se dio media vuelta y se marchó, «como admitiendo que aquel hombre desarmado seguía encarnando la suprema autoridad, por mucha pistola y muchos guardias que él tuviera. Era exactamente lo que Suárez quería que entendieran Tejero y sus hombres: "Que, con todo, yo allí mandaba más que él". Eran las tres de la madrugada».^[474]​

19:47 h Palacio de la Zarzuela (Madrid) / Capitanía de la III Región Militar (Valencia) El rey llama a Milans del Bosch y este se niega a retirar las fuerzas que ha desplegado en Valencia

El teniente general José Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, le informa al rey Juan Carlos que Milans del Bosch se ha negado a cumplir la orden que le ha dado hace cinco minutos de que retire las fuerzas que, según sus noticias, acaba de sacar a la calle. Primero le ha respondido con evasivas —«son fuerzas que regresan de ejercicios»— y luego le ha dicho que solo reconoce la autoridad del general Armada. Don Juan Carlos llama inmediatamente a Milans, con Gabeiras a la escucha, para reiterarle la orden, pero Milans se vuelve a escudar en el general Armada para no obedecerla.^[475]​ En el juicio Milans y sus ayudantes Mas Oliver e Ibáñez Inglés negaron que esa llamada del rey se hubiera producido y el tribunal se inclinó por aceptar esta versión. Tanto los jueces militares del Consejo Supremo de Justicia Militar como los civiles del Tribunal Supremo aceptaron esta versión de los hechos, y así apareció recogido en ambas sentencias. el Rey llamó a Milans del Bosch por primera vez a la 1:00 horas del 24 de febrero, como recoge en esto el historiador Roberto Muñoz Bolaños.^[476]​ Juan Francisco Fuentes y Paul Preston, por el contrario, dan credibilidad a la versión del teniente general Gabeiras.^[475]​^[477]​

19:48 h Instalaciones de TVE en Prado del Rey (Madrid) Ocupación de Televisión Española por una unidad de la Brunete

El capitán al mando de la columna del Regimiento de Caballería Villaviciosa 14, de la División Acorazada Brunete, que ha recibido la orden de ocupar TVE,^[478]​^[479]​ irrumpe en el despacho del director general, Fernando Castedo, y le conmina a que sustituya la programación prevista por marchas militares. La ocupación durará hasta las 21 h, cuando por fin reciben la orden de volver al cuartel. Había tenido que intervenir el Palacio de la Zarzuela, concretamente el marqués de Mondéjar, jefe de la Casa del Rey y general de caballería,^[480]​ para que el coronel del Regimiento, Joaquín Valencia Remón, dejara de dar largas a la orden de repliegue dada por el capitán general Quintana Lacaci. El coronel cuando recibió la llamada de la Casa Real dijo que lo haría enseguida, pero añadió: «¡Qué ocasión estamos perdiendo!».^[481]​^[482]​^[483]​ La liberación de TVE permitió que saliera de allí un equipo dirigido por Jesús Picatoste y Pedro Erquicia, subdirector de informativos, para la grabación en el Palacio de la Zarzuela de un mensaje del rey a la nación que la cadena anunció a las 22:30 h sin determinar la hora en que se iba a emitir. El equipo llegó al Palacio a las 23:30 h y el discurso se grabó en el despacho del rey poco antes de la medianoche.^[484]​^[485]​ La idea de la comparecencia del rey por televisión había empezado a gestarse en la Zarzuela hacia las ocho de la tarde. Había que despejar cualquier equívoco sobre el rechazo del monarca al asalto del Congreso de los Diputados y reiterar su compromiso en la defensa de la Constitución que ya se había hecho llegar a los capitanes generales por télex.^[480]​^{[nota 10]}​

20:10 h Congreso de los Diputados (Madrid) Son sacados del hemiciclo el vicepresidente del Gobierno, el ministro de Defensa y tres destacados diputados (González, Guerra y Carrillo)

Cinco asistentes al pleno son también separados del resto:^[486]​ el vicepresidente del Gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado; el líder de la oposición y secretario general del PSOE, Felipe González;^[487]​ el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra; el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo;^[488]​ y el ministro de Defensa y presidente de la UCD, Agustín Rodríguez Sahagún.^[489]​ «En ese momento se produce en la Cámara un grave silencio», se dice en el acta de la sesión elaborada al día siguiente por los secretarios de la Mesa del Congreso, por encargo del presidente del mismo Landelino Lavilla.^[464]​^[490]​ Los cinco son conducidos a la sala de los relojes, donde permanecerán el resto del tiempo fuertemente vigilados y sin poder hablar entre ellos. Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, antiguos enemigos durante la batalla de Madrid de la guerra civil, intercambian cigarrillos. Carrillo escribirá en sus Memorias: «Lo que es la vida. En 1936 estábamos los dos en Madrid; él dirigiendo la quinta columna franquista y yo luchando contra ella, y henos aquí hoy, juntos, esperando la misma suerte por defender la democracia».^[491]​^[492]​ Unos minutos antes Tejero había ordenado que abandonaran el Palacio de las Cortes todos aquellos que no fueran diputados (periodistas, funcionarios del Congreso de los Diputados, invitados y miembros del Cuerpo Superior de Policía).^[493]​

20:30 h (circa) Congreso de los Diputados (Madrid) Tejero anuncia lo que le ha comunicado un enlace: las regiones militares II, III, IV y V están sublevadas (aunque en realidad solo lo estaba la III)

Juan García Carrés le comunica a Tejero la situación en las regiones militares. Le dice que la II (Sevilla), la III (Valencia), la IV (Barcelona) y la V (Zaragoza) se han sublevado y que apoyan el nombramiento de Jaime Milans del Bosch como presidente del Gobierno (y Tejero lo anuncia a continuación en el hemiciclo).^[494]​^[495]​^[496]​ García Carrés señala a la I (Madrid) y a las Capitanías Generales de Baleares y de Canarias como dudosas, mientras que la VII (Valladolid) y el jefe de la Zona Marítima del Mediterráneo, capitán general Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó, estaban a disposición del rey a la espera de recibir órdenes. La V (Zaragoza) adquiere una importancia especial porque ese día se encontraban en la provincia de Zaragoza varias unidades de la División Acorazada Brunete realizando prácticas de tiro. Pero la realidad era que el único capitán general que se había sublevado era Jaime Milans del Bosch.^[497]​ Según Javier Cercas, después de la ronda de llamadas realizadas por el rey sólo había dos capitanes generales seguros, el de Madrid (Quintana Lacaci) y el de Burgos Luis Polanco Mejorada. «El resto se debatieron durante toda la tarde y la noche en un tremedal de dudas, de un lado urgidos por las arengas telefónicas de Milans… y de otro sujetados por el respeto al rey…».^[406]​ Según una nota publicada por el periódico El País,^[498]​^[499]​ al parecer escrita durante el golpe por el teniente general Guillermo Quintana Lacaci, capitán general de la I Región Militar (Madrid) la situación de las capitanías era la siguiente (Javier Cercas pone en duda la fidelidad de la de Granada que en la lista se da como "leal al rey y a la constitución")^[500]​:^[501]​

Regiones militares de España (1939-1984)^[497]​

Número	Escudo	Región y capitanía	Teniente General al mando	Posicionamiento
I		Primera Región Militar, capitanía general de Madrid.	Guillermo Quintana Lacaci.	Leal al rey y a la constitución.
II		Segunda Región Militar, capitanía general de Sevilla.	Pedro Merry Gordon.	A la espera de acontecimientos.
III		Tercera Región Militar, capitanía general de Valencia.	Jaime Milans del Bosch	Sublevada.
IV		Cuarta Región Militar, capitanía general de Barcelona.	Antonio Pascual Galmes.	Leal, pero si la V (Zaragoza) se hubiese sublevado también lo habría hecho.
V		Quinta Región Militar, capitanía general de Zaragoza.	Antonio Elícegui Prieto.	Pendiente de lo que hacía la I (Madrid).
VI		Sexta Región Militar, capitanía general de Burgos.	Luis Polanco Mejorada.	Leal al rey y a la constitución.
VII		Séptima Región Militar, capitanía general de Valladolid.	Ángel Campano López.	A la espera de acontecimientos.
VIII		Octava Región Militar, capitanía general de La Coruña.	Manuel Fernández Posse.	Leal al rey, pero si la VI (Burgos) se hubiese sublevado también lo habría hecho.
IX		Novena Región Militar, capitanía general de Granada.	Antonio Delgado Álvarez.	Leal al rey y a la constitución.
Baleares		Capitanía General de Baleares.	Manuel De la Torre Pascual.	A la espera de acontecimientos. Si la III (Valencia) de Milans hubiera tenido éxito quizá se le hubiera unido.
Canarias		Capitanía General de Canarias.	Jesús González del Yerro.	Dudas. Al enterarse del protagonismo de Milans y de que Armada sería presidente, se muestra leal al rey y a la Constitución. Desconfía de Armada.

20:40 h Exterior del Congreso de los Diputados (Madrid) Abandona el Congreso el primer civil y El País saca a la calle una edición extraordinaria

Carmen Fernández de Córdoba y Calleja, sobrina del teniente general Gutiérrez Mellado, que estaba embarazada de gemelos, y que había resultado herida por las esquirlas provocadas por los disparos al techo cuando se encontraba en la tribuna de invitados, abandona el edificio del Congreso de los Diputados gracias a un capitán de los asaltantes que le vio la cara ensangrentada. Se considera que fue la primera persona que se encontraba en la tribuna de invitados que pudo salir del allí.^[382]​ Poco después se comienza a distribuir la edición especial del diario El País que lleva en portada el titular «Golpe de Estado. El País, con la Constitución».^[502]​^[503]​ Recuadrado, también en primera plana, se lee:

¡Viva la Constitución! En la hora que un atentado alevoso contra el pueblo español a manos de unos hombres armados que pretenden por la fuerza sustituir la soberanía de los ciudadanos, El País sale a la calle en defensa de la ley y la Constitución. La rebelión debe ser abortada; sus culpables, detenidos, juzgados severamente y condenados para ejemplar escarmiento de la Historia.^[504]​

21:00 h Ministerio del Interior (Madrid) Se anuncia la formación de un gobierno interino formado por los Secretarios de Estado y los subsecretarios

Se hace público un comunicado del Ministerio del Interior en el que se informa de la constitución de un «gobierno interino» formado por los Secretarios de Estado y los subsecretarios de todos los ministerios, presidido por Francisco Laína, director de la Seguridad del Estado y en estrecho contacto con la Junta de jefes de Estado Mayor.^[505]​^[506]​ El gobierno interino se formó como respuesta al intento de la Junta de jefes de Estado Mayor de constituirse en el gobierno del Estado. Cuando su presidente el general Ignacio Alfaro Arregui presentó a las 19:10 h la disposición que había redactado fue rechazada por La Zarzuela. El secretario de la Casa Real, general Sabino Fernández Campo, convenció al Rey de que no la aprobara porque los «capitanes generales podían interpretar que el poder militar había desplazado al poder civil». Fernández Campo propuso, en su lugar, la formación del gobierno interino integrado por los subsecretarios y los Secretarios de Estado, para de esa forma salvaguardar la supremacía del poder civil y poner fin a la situación de «vacío de poder». Por su parte la Junta de jefes de Estado Mayor quedó limitada a los asuntos militares.^[507]​^[508]​ En el comunicado se decía lo siguiente:^[509]​

Quienes en este momento asumen en España la plenitud del poder civil y militar, de manera transitoria y bajo la dirección y autoridad de Su Majestad el Rey, pueden garantizar a sus compatriotas que ningún acto de fuerza destruirá la convivencia democrática que el pueblo libremente desea y que se plasma en el texto de la Constitución, a la que civiles y militares han jurado protección.

21:50 h Cuartel General de la División Acorazada Brunete (Madrid) El general Torres Rojas cumple la orden de volver a su destino en La Coruña

El jefe de la Brunete, el general Juste, le transmite personalmente la orden: «Que te vuelvas a La Coruña en seguida». Lo que había sucedido es que el capitán general de Madrid Quintana Lacaci se había puesto en contacto con el capitán general de Galicia, Manuel Fernández Posse, para que ordenara a su subordinado Torres Rojas que se reintegrara a su destino como gobernador militar de La Coruña. Fernández Posse le dijo: «Dile que se vuelva inmediatamente».^[510]​^[511]​

21:50 h (circa) Cuartel General del Ejército (Madrid) El general Armada consigue ser autorizado por La Zarzuela para acudir al Congreso a título personal

Entre las 21:00 h y las 21:30 Milans llama Armada al Cuartel General del Ejército^[512]​^[513]​^[514]​ y le propone una variación del plan original dada la situación de bloqueo en que se encuentran (según Paul Preston, Milans le llamó para saber por qué no estaba en la Zarzuela).^[451]​ Le dice a Armada que proponga a los diputados la aprobación del previsto gobierno de unidad presidido por él a cambio de su liberación y de la retirada de los tanques y del estado de excepción en Valencia (según Paul Preston, la idea es de Armada).^[515]​^[516]​ Armada acepta la propuesta.^[517]​ Los generales del Estado Mayor presentes también la apoyan. Entonces Armada llama a La Zarzuela y le explica el plan al rey, quien tras oírlo le responde: «Creo que te has vuelto loco»,^[479]​ y le pasa el teléfono a Sabino Fernández Campo. Este le dice que lo que propone es un disparate, una locura. «¿Cómo se te ocurre que los diputados van a votarte a punta de metralleta? ¿Cómo se te ocurre que el Rey va aceptar un presidente del gobierno elegido a la fuerza?», le dice. «No hay otra solución», contesta Armada.^[518]​^[519]​ Finalmente el rey y Fernández Campo acaban cediendo (según Paul Preston, por el temor a que se produjera una masacre en el Congreso de los Diputados).^[520]​ El secretario de la Casa Real le pone una condición para autorizarle ir al Congreso: «Tiene que quedar claro que vas por tu cuenta, eso sí, y sólo para liberar al gobierno y a los diputados: no invoques al rey».^[521]​ Según declaró el general Armada en el juicio las palabras exactas de Fernández Campo fueron: «Al Rey no se le puede comprometer. Vete allí a título personal a ver qué se puede lograr, pero siempre que te dé autorización la cadena de mando militar».^[522]​ Por su parte el general Gabeiras, el superior inmediato del general Armada, declaró: «Como consideraba conveniente continuar los contactos con Tejero, autoricé al general Armada para que se fuera, pero solo a ofrecerle facilidades para salir del trance, a fin de que no hubiese víctimas en el interior del Congreso. Y aviso al general Aramburu de que el general Armada sale hacia el Palacio del Congreso».^[523]​ Como ha señalado Paul Preston, Armada «evidentemente, tenía que hacer todo esto sin que en ningún momento pareciera que había tenido parte alguna en urdir el golpe. Era un juego ambiguo y peligroso».^[524]​

22:35 h Palacio de La Zarzuela (Madrid) El rey envía un télex a las capitanías generales

En el Palacio de La Zarzuela se decide enviar el siguiente télex a todas las capitanías generales de los tres Ejércitos:^[525]​^[526]​

Ante situación creada por sucesos desarrollados palacio Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado autoridades civiles y Junta Jefes Estado Mayor [JUJEM] tomen todas medidas necesarias para mantener orden constitucional dentro legalidad vigente.
Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubieran de tomarse deberá contar con la aprobación de la JUJEM.
Ruego me confirmen que retransmiten a todas las autoridades del Ejército.

23:30 h (circa) Hotel Palace (Madrid) Armada explica su «plan» para acabar con el secuestro del Gobierno y del Parlamento a Aramburu, a Sáenz de Santamaría y a Mariano Nicolás

Antes de ir al Congreso el general Armada pasa por el Hotel Palace, sede del centro de mando del operativo que rodea el Palacio de las Cortes (según Muñoz Bolaños y Paul Preston, Armada llegó al Palace alrededor de las 0:00 h),^[527]​^[528]​ y allí les explica su plan para acabar con el secuestro del Gobierno y del Parlamento a los generales Aramburu Topete y Sáenz de Santamaría y al gobernador civil de Madrid Mariano Nicolás. Les dice que la situación es crítica porque el golpe se está extendiendo a otras regiones militares (lo que no es cierto, ya que sólo la de Valencia está sublevada) y que por eso va a postularse para presidir un «gobierno de transición» que cuente con el respaldo del Congreso de los Diputados y cuya misión será «reformar algunos problemas básicos». A los hombres de Tejero les iba a ofrecer salir de España en avión a Portugal si así lo deseaban (el general Gabeiras le ha dado permiso para que les haga esa oferta, incluido dinero para sus gastos).^[529]​ Según escribió después Sáenz de Santamaría, a los tres el plan de Armada les causó «desconcierto y perplejidad», pero no le impidieron que fuera al Congreso a hablar con Tejero.^[530]​ Más tarde comprobaron las mentiras de su plan (había exagerado el apoyo militar al golpe y sus propuestas carecían de cualquier respaldo institucional), pero en esos momentos Armada ya se encontraba en el Palacio de las Cortes.^[531]​ El general Aramburu afirmó durante el juicio, lo que fue corroborado por Mariano Nicolás: «Hubo una llamada del director de la Seguridad del Estado, alertándonos sobre las posibles intenciones del general Armada, y diciéndonos que la fórmula que intentaba poner en práctica ni era constitucional ni estaba aprobada por S.M. el Rey. Asimismo, ordenó que cuando regresara el general Armada se le dijera que fuera al Ministerio del Interior [sede del gobierno interino] y se le acompañase».^[532]​

0:30 h (circa) Congreso de los Diputados (Madrid) El general Armada se presenta en el Congreso y mantiene una agria discusión con Tejero

El general Armada se presenta en el Congreso (las fuentes difieren sobre la hora exacta),^[533]​^[534]​^[535]​^[536]​ pero, siendo la «autoridad competente» esperada por Tejero,^[537]​^[538]​ no le propone una Junta Militar^[539]​ presidida por Milans, o un Gobierno en el que Milans fuera ministro de Defensa, sino una lista de políticos de todos los partidos, con el propio Alfonso Armada como presidente del Gobierno: Felipe González como vicepresidente para Asuntos Políticos, los socialistas Gregorio Peces-Barba (Justicia), Enrique Múgica (Sanidad) y Javier Solana (Transportes) y entre los representantes del Partido Comunista a Jordi Solé Tura en Trabajo y a Ramón Tamames en Economía, que formarían un Gobierno de concentración. En este Gobierno estarían también presentes: el aliancista Manuel Fraga (Defensa), los centristas Pío Cabanillas (Hacienda), José Luis Álvarez Álvarez (Obras Públicas), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Educación), y Agustín Rodríguez Sahagún (Industria); el presidente de la CEOE, Carlos Ferrer Salat (Comercio), el director de la Agencia EFE, Luis María Ansón (Información), el abogado Antonio Garrigues Walker (Cultura), el banquero José María López de Letona (Vicepresidente para Asuntos Económicos), el diplomático José María de Areilza (Asuntos Exteriores), y dos militares: el general José Antonio Sáenz de Santamaría (Autonomías) y el general Manuel Saavedra Palmeiro (Interior).^[540]​^[541]​^[542]​^[543]​ Ante la propuesta de Armada, Tejero le responde airadamente:^[514]​ «Mi general: yo no he asaltado el Congreso para esto».^[544]​^[545]​ «Eso que está usted proponiendo es una chapuza», añade.^[546]​ Tras una agria discusión, el teniente coronel despachó violentamente al general Armada sin dejar que se dirigiera a los diputados. Para justificar su propuesta de un gobierno encabezado por él, Armada le había dicho a Tejero que «las cosas no han ido bien» (la idea contraria a la que había transmitido a sus interlocutores del Hotel Palace). También le había hablado de que se le proporcionaría un avión y dinero para que él y sus hombres pudieran huir al extranjero (a Portugal concretamente), lo que indignó aún más a Tejero. En ese momento decidió llamar a Milans a Valencia (según otras versiones, es Armada quien llama a Milans para que convenza a Tejero). Milans le ordena que obedezca al general Armada. Tejero se niega y cuelga el teléfono.^[547]​^[548]​^[549]​^[550]​

1:14 h Palacio de la Zarzuela (Madrid) Discurso del rey Juan Carlos I difundido a toda España por televisión

Se emite a través de TVE el mensaje del rey Juan Carlos I, vestido con el uniforme de capitán general de los Ejércitos.^[552]​^[553]​ El discurso había sido grabado poco antes de la medianoche en el despacho del rey en el Palacio de la Zarzuela.^[554]​^[555]​ En contra de lo que más tarde especularon los defensores de los golpistas y algunos autores^[556]​ (que la emisión se retrasó a la espera del resultado de la entrevista entre Tejero y Armada), el mensaje se emitió en cuanto llegó la grabación a Prado del Rey.^[557]​^[558]​ El rey se dirigió a la nación para situarse contra los golpistas, defender la Constitución, llamar al orden a las fuerzas armadas en su calidad de comandante en jefe y desautorizar a Milans del Bosch.^[559]​ El mensaje era una reelaboración de un télex enviado sobre las diez y media de la noche desde la Zarzuela a las Capitanías Generales. A partir de la emisión del mensaje del rey, el golpe se da por fracasado.^[560]​^[561]​^[562]​^[563]​ «Bastó con hacer valer su autoridad como jefe de las Fuerzas Armadas para desautorizar a quienes invocaban su nombre para justificar el golpe de Estado. De esta forma, la obediencia debida a su persona se convertía en lealtad a una democracia que muchos militares no sentían como propia. Pero la cosa no fue tan sencilla. El rey, Sabino y, en menor medida, el marqués de Mondéjar, jefe de la Casa Real, y otros miembros del staff de la Zarzuela se multiplicaron para llevar el mensaje oficial a las capitanías generales, zonas marítimas, regiones aéreas, guarniciones importantes y unidades con más riesgo de contagio. Fue una labor coordinada con otras autoridades…». En fin, el discurso del rey iba a tener un impacto demoledor en el bando sublevado.^[564]​^[565]​^[566]​

Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente:

«Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las Autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor».

La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.

Javier Cercas discrepa de la tesis de que con el mensaje del rey el golpe se podía dar por acabado (aunque Cercas reconoce que así lo entendieron la mayoría de españoles, que se fueron por fin a dormir tras ver y oír el mensaje del rey).^[567]​ «Había fracasado el golpe blando de Armada y Milans, pero no el golpe duro de Tejero: el teniente coronel continuaba ocupando el Congreso, Milans seguía ocupando Valencia y una parte del Ejército continuaba todavía al acecho, indiferente al mensaje del rey o irritada o desconcertada por él, aguardando un mínimo movimiento de tropas que terminase con las dudas, reuniese la furia acumulada en los corazones franquistas y entregase la victoria a los partidarios del golpe».^[568]​ Charles Powell coincide: «Desbaratado el golpe blando, Tejero hizo un último intento por llevar adelante su versión dura» que tenía «como objetivo el derrocamiento del sistema democrático y la creación de una junta militar».^[569]​ Una posición similar a la de Cercas y a la de Powell es la que sostiene Roberto Muñoz Bolaños: «Tras la emisión del mensaje, un nuevo movimiento golpista no solo habría ido contra el sistema político, sino contra su persona [el rey], lo que posiblemente provocaría un baño de sangre».^[570]​ Esta visión la confirmó la reina Sofía unos años después: «la cosa cambia a peor para todos los que estábamos aquí [en La Zarzuela] en cuanto se emite el discurso del Rey por televisión oponiéndose al golpe. Entonces, cuando todo el mundo respira tranquilo y se va a la cama a dormir, es cuando nosotros aquí empezamos a estar en peligro».^[571]​

1:20 h Capitanía de la III Región Militar (Valencia) Milans del Bosch cumple la orden del rey de retirar los tanques de Valencia, pero no levanta el estado de excepción

Nada más emitirse por televisión su mensaje, don Juan Carlos llama a Milans del Bosch (según algunas fuentes era la segunda llamada: la primera habría sido hecha media hora antes).^[573]​ El rey le ordena que deponga su actitud y es posible que también le leyera el texto de seis puntos que luego le remitiría por télex (según Muñoz Bolaños, el télex se recibió a las 2:23 h tal como consta en el sumario de la Causa 2/81, pero, según Paul Preston, fue enviado a la 1:45)^[574]​^[575]​ en el que advertía que «cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey». En el punto 5 se decía: «Juro que no abdicaré la Corona ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar, y será responsable de ello, una nueva guerra civil». «Te ordeno que cumplas cuanto te he dicho» (también le ordenaba que le dijera a Tejero que depusiera inmediatamente su actitud).^{[nota 11]}​ Milans obedeció y ordenó retirar los tanques que ocupaban una Valencia desierta desde las 21:00 h del día anterior cuando entró en vigor el toque de queda ordenado en el bando de declaración del estado de excepción. A la 1:38 el jefe de informativos de TVE, Iñaki Gabilondo daba la noticia por televisión de que el capitán general de la III Región Militar había ordenado la vuelta a sus acuartelamientos de los tanques y del resto de unidades militares.^[576]​ Sin embargo, Milans se negó a levantar el estado de excepción, según Juan Francisco Fuentes, como un «gesto de solidaridad con quienes tenían secuestrada la soberanía nacional» (es decir, Tejero y los guardias civiles que ocupaban el Congreso de los Diputados). Por su parte el general Gabeiras, jefe del Estado Mayor del Ejército, le había ordenado al gobernador militar de Valencia, general Luis Caruana, que arrestara a Milans^[575]​ («Vete a Capitanía, arresta al capitán general y te constituyes tú en capitán general», le ordenó Gabeiras; «es una papeleta, pero ahora mismo salgo para Capitanía y te llamaré desde allí», le respondió Caruana),^[577]​ pero cuando este se presentó en su despacho con «la misión, para mí muy triste y desagradable» que se le había encomendado, Milans le respondió: «¡Atrévete!».^[578]​ Caruana se retiró sin cumplir la orden (hasta entonces había ejecutado las órdenes que Milans le había dado, como la ocupación del Gobierno civil de la provincia de Valencia, colocando permanentemente un tanque frente a su fachada).^[579]​^[580]​

1:25 h Exterior del Congreso de los Diputados (Madrid) El general Armada sale del Palacio de las Cortes sin que Tejero haya aceptado su «plan»

El general Armada abandona el Congreso de los Diputados sin haber conseguido que su «plan» fuera aceptado por Tejero. De él dice: «Este hombre está completamente loco».^[581]​^[582]​^[583]​^[584]​ Era el fin del golpe de Armada y de Milans. «Tejero se jugó el todo por el todo y prefirió el fracaso del golpe al triunfo de un golpe distinto al suyo», afirma Javier Cercas.^[585]​ Más tarde, descubierto su juego,^[586]​ el general Armada será relevado de su puesto de 2.º jefe del Estado Mayor del Ejército por su implicación en la trama golpista.^[587]​ Por su parte Armada negará que hubiera propuesto un gobierno presidido por él o que hubiera querido dar un «golpe blando».^[588]​ «Sin embargo, las pruebas de la lista ministerial, encabezada por las palabras "Pte. Armada", son abrumadoras, empezando por la grabación magnetofónica de una de las conversaciones que Tejero mantuvo aquella noche con Juan García Carrés. En ella, le da cuenta de la reunión que acaba de tener con Armada y de la "chapuza" —de nuevo la palabra— que le había propuesto: dirigirse a los diputados y formar un Gobierno con "la gente de Carrillo" y "el ministro no sé qué"».^[581]​ Poco después de que se hubiera marchado el general Armada el capitán de navío Camilo Menéndez Vives, amigo de Tejero y que ya había protagonizado diversos incidentes «ultras», entra en el Congreso de los Diputados y se une a las fuerzas que lo ocupan. En el juicio declaró: «Al entrar yo en el Congreso, le di un abrazo al teniente coronel Tejero; le dije que iba a acompañarle en unos momentos difíciles…».